Juncal talará una fraga catalogada para construir 69 chalés y un hotel

Un hotel y 69 viviendas adosadas en el lugar de robles centenarios. El gobierno municipal de Ferrol, que dirige Juan Juncal, del Partido Popular, planea transformar un singular espacio natural en un complejo residencial de antenas y hormigón. El ayuntamiento ya ha aprobado provisionalmente un plan de sectorialización para urbanizar la fraga de Menáncaro (Serantes), protegida y catalogada por su valor ambiental.

Los grupos ecologistas estudian emprender acciones legales mientras la oposición municipal exige que se aclare la vinculación con el proyecto del primer teniente de alcalde, Juan Fernández, que figura como propietario del 75% de los terrenos urbanizables.

A pocos kilómetros del núcleo urbano de Ferrol, en la parroquia de Serantes, sobrevive un bosque centenario con especies autóctonas del litoral atlántico. Al menos 45 robles superan los 100 años y varios castaños, fresnos y sauces lo convierten en "un lugar valioso por su interés natural, didáctico y paisajístico" y sobre todo "irremplazable", para asociaciones ecologistas como Verdegaia o la Sociedade Galega de Historia Natural. Vecinos y ecologistas se han agrupado para formar la Comunidad de Menáncaro, comprometida en la defensa de este espacio natural "del atentado urbanístico que pretenden realizar en la fraga los amigos de la especulación inmobiliaria".

El proyecto presentado hace meses por la promotora santiaguesa Bros Noroeste planea edificar un establecimiento hostelero y hasta 69 viviendas adosadas y pareadas sobre la fraga, una superficie de cinco hectáreas incluida por el propio ayuntamiento ferrolano en el Catálogo de Árboles Senlleiras de la Xunta, en agosto del 2006. El plan, que afecta a una superficie de 50.000 metros cuadrados, cuenta además con tres informes desfavorables emitidos por la Consellería de Medio Ambiente y la Dirección Xeral de Urbanismo, en los que se advierte que el proyecto incumpliría la Ley del Suelo y que precisa de un informe de evaluación de impacto medioambiental que no se ha realizado.

Sin embargo, la oposición manifiesta del Ejecutivo gallego, de los vecinos afectados y los argumentos de los grupos ecologistas no han frenado al equipo de Juncal, que la semana pasada en una comisión extraordinaria de Urbanismo alegó "silencio administrativo" para dar luz verde al penúltimo trámite antes de su aprobación definitiva. El gobierno local justifica su decisión argumentando que los informes de la Xunta llegaron "fuera de plazo", pese a que el BNG advirtió que la aplicación de este recurso era "incorrecta" al contener el proyecto "determinaciones contrarias a la ley".

A la polémica medioambiental hay que añadirle la controversia política que compromete al primer teniente de alcalde de Ferrol, Juan Fernández y socio de gobierno de Juncal, como promotor y beneficiario directo del proyecto, al menos en el momento de su aprobación inicial, en junio del 2005. El líder de Independientes por Ferrol y ex conselleiro de Industria durante el gobierno de Manuel Fraga adquirió en 1978 una finca rústica de 49.371 metros cuadrados que se recalificó como urbanizable en 2000. Hasta la fecha, Fernández se ha ausentado voluntariamente de las comisiones y plenos que abordaron el proyecto de Menáncaro. Sin embargo, desde su despacho en el municipio solicitó en mayo de 2005 que se modificase el trazado de un vial que atravesaba su propiedad para no perjudicar la actuación y recibió un pagaré de la promotora por una opción de compra sobre los terrenos por un importe de 192.324 euros.

Ramón Regueiro, portavoz de los vecinos afectados, asegura que Fernández "prevaricó" cuando se comprometió ante notario a desviar el vial, abusando de su cargo político para beneficiarse económicamente. Juan Fernández, consultado ayer por este diario, sostiene que "nada tiene que ver con el tema" y considera que la proximidad de las elecciones municipales anima a la oposición a difamarlo "de ladrón para arriba".

Con todo, la finca de Feás, propiedad al 50% de Juan Fernández y de sus socios, la empresa SAT Agropino, arrastra importantes cargas económicas que se dirimen en los juzgados de Ferrol. El proyecto podría aprobarse de forma definitiva en el próximo pleno, con los votos del equipo de gobierno, la coalición entre PP e IF y la oposición de BNG e IU. Queda por definir la postura del grupo socialista, que se abstuvo en la última votación.