La imputación de cinco altos cargos pone contra las cuerdas al Gobierno de Murcia

La decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcázar, de imputar a cinco altos cargos del Gobierno de la Región de Murcia (PP) por la reclasificación del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas) ha puesto contra las cuerdas al presidente, Ramón Luis Valcárcel. Los implicados se han negado a dimitir a pesar de que Valcárcel, que lleva 12 años en el poder, aseguró hace unos meses que cualquier cargo del PP o candidato imputado debería abandonar el Ejecutivo o las listas para las próximas municipales y autonómicas.

Después de que fuentes del Gobierno regional anunciaran a la prensa regional un ultimátum e incluso la dimisión del director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, el consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, aseguró ayer que no tenía constancia de ninguna dimisión en el Ejecutivo autonómico. Tampoco ha renunciado el alcalde de Águilas y candidato del PP para las municipales, Juan Ramírez, pese a las críticas internas recibidas.

La investigación por la reclasificación del paraje de La Zerrichera -en la que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel López Bernal, apunta a la posibilidad de ampliar la querella a dos consejeros- se inició tras la petición del empresario Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, de quien dependía la reclasificación definitiva del paraje, de los permisos para construir unas 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo en una finca rústica denominada La Zerrichera, en el municipio de Águilas, al sur de la comunidad.

Pero esta iniciativa, que estaba enclavada en una zona protegida por la Unión Europea (UE) como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) contó con la oposición del director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, ahora retirado, quien aseguró en un informe: "La finca debe preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeta a un régimen específico de protección incompatible con su transformación urbanística".

Pero esta negativa cambió meses después. Sobre todo con la presencia de su sucesora, Encarna Muñoz, esposa de otro de los considerados padres de la reclasificación de los terrenos, Antonio Alvarado, ambos imputados por el juez.

Según la investigación del fiscal Manuel López Bernal, durante la tramitación del expediente se llegó a realizar la declaración de impacto ambiental en 24 horas, apareciendo publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con una fecha diferente. Para el responsable de la Fiscalía murciana, los ahora imputados tenían "un interés incomprensible en reclasificar el terreno".

Este interés llegó hasta el punto de que la directora general Encarna Muñoz solicitó a la UE la modificación del perímetro protegido, coincidiendo con los intereses del promotor Trinitario Casanova, quien adquirió los terrenos rústicos en 2004 a una cooperativa agrícola por 30 millones de euros, y los vendió dos años después a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa) por 105 millones de euros. 75 millones de euros de beneficio sin poner un ladrillo.

Tras un viaje a China, el entonces consejero de Industria y Medio Ambiente Francisco Marqués anunció su fichaje por una empresa privada, negando que su salida tuviera ninguna relación con las críticas de la Comisión Europea que pidió la paralización del expediente de urbanización.

Unos meses después, el nuevo consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó la urbanización alegando la falta de un plan de ordenación de los recursos natural del parque en el que está enclavada La Zerrichera.

Tras la denuncia de los grupos ecologistas y del PSOE de Murcia, el fiscal López Bernal abrió unas diligencias informativas que finalizaron con una querella contra siete miembros del PP. Además, pidió a un tribunal de Murcia que investigara un posible delito de cohecho por un presunto soborno del promotor de La Zerrichera, Trinitario Casanova, que supuestamente habría intentado pagar dos millones de euros a dos dirigentes municipales del PSOE para que votaran a favor de la reclasificación de los terrenos. Según la propia Fiscalía, el actual secretario municipal del partido, Ramón Román, denunció el intento de soborno, habiendo actuado como intermediario su ahora ex compañero Pedro Gil, que fue expulsado, pese a asegurar que faltó al pleno para cuidar a su madre.

Ante esta denuncia Casanova anunció una querella contra Ramón Román y relató en un comunicado de prensa su intención de denunciar al Gobierno regional por paralizar la urbanización, llegando incluso a llamar "cobarde" al presidente Valcárcel, quien no respondió a los insultos. Además de ser investigado por La Zerrichera, Casanova está imputado por un delito fiscal por presentar facturas falsas. Por el momento no ha adoptado ninguna iniciativa legal contra el Ejecutivo del PP.

Vínculos con un diputado

Entre las empresas que iban a construir la urbanización en el antiguo paraje protegido de La Zerrichera está la sociedad C-15, que financia una fundación del presidente del PP de Torrelodones (Madrid) y diputado, Mario Mingo. Este parlamentario, que además de presidente del PP en el municipio madrileño es portavoz del PP en la comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, fue alcalde de Torrelodones.

La fundación se llama Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones (www.eadst.com) y mantiene un convenio con el ayuntamiento, gobernado por el PP, por el cual éste le cede la Casa de la Cultura y todas sus instalaciones de forma gratuita a cambio de que esta organización sin ánimo de lucro represente obras de teatro. Son vocales de esta fundación periodistas, empresarios y políticos ligados al PP, como por ejemplo el diputado regional en la Asamblea de Madrid Juan Van Halen, Miguel Hinojar de Inza, y el propio consejero delegado de C-15, Eduardo Morales.