El Tribunal de la UE admite la demanda de un comerciante contra el Santander

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos investiga una posible infracción del Estado español por no haber actuado contra un crédito irregular del Santander Central Hispano a un comerciante de Leioa. El caso, que se remonta a 1990, ya ha motivado la censura al banco por parte del Tribunal Supremo, dos jueces y la Audiencia de Bilbao. El demandante no puede suscribir préstamos con ninguna entidad bancaria al mantenerle como persona "en quiebra" y ha recurrido a la Unión Europea por lo que califica de "indefensión total en que nos ha dejado la justicia española".

El afectado es Arturo Escartín, dueño de un comercio en Leioa, quien en 1990 pidió al Banco Santander (ahora SCH) una cuenta de crédito que, a diferencia del tradicional préstamo, no supone la disposición de todo el dinero de manera inmediata, sino en función de las necesidades del cliente. Por eso, al principio sólo se pagan los intereses del dinero dispuesto. Los problemas se suscitaron en 1993 cuando el comerciante vio que las cuotas eran superiores a lo estipulado y, al pedir una copia de las escrituras, comprobó que se hablaba de manera indistinta de préstamo, cuenta de crédito o crédito.

El banco achacó en un principio el fallo de las cuotas a un error informático, pero luego llevó el tema a los tribunales. Dos jueces certificaron las irregularidades en el cobro de las cuotas y las escrituras de la cuenta de crédito, al incluir "cláusulas incompatibles". La Audiencia de Bilbao volvió a dar la razón al comerciante en 1999 y calificó en su fallo la actuación del Santander como "un auténtico despropósito de principio a fin, impropio desde luego de un banco de esa importancia".

Fallo de la Audiencia

La Audiencia sentenció que el cliente debía pagar al banco más de 15.000 euros -la cantidad dispuesta por el comerciante fue de casi 70.000 euros- y los intereses de un año. Arturo Escartín se mostró en desacuerdo en el abono de esta cantidad y recurrió al Tribunal Supremo, que, en 2005, confirmó la sentencia de la Audiencia con las irregularidades cometidas por el banco, pero manteniendo el pago de los 15.000 euros.

En mayo del pasado año, Escartín llevó su denuncia al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ante lo que calificó de una actuación "planificada" por el Santander, al que acusa de "engañarnos e impedirnos con mala fe deshacer un compromiso mercantil incumplido por el banco". La demanda ya ha pasado el primer filtro, al ser admitida por el ponente que ha estudiado el asunto, quien lo ha trasladado a una Sala del Tribunal, que debe resolver en los próximos meses. El escrito pide que se condene al Estado español y al banco a una indemnización por "abuso de poder". El Santander, que ya no interpuso recurso al fallo de la Audiencia de 1999, no ha querido hasta ahora dar su versión de este asunto.