Una enmienda a la Ley de Suelo frena la urbanización de parques naturales

Los parques naturales están cercados por el ladrillo. Comunidades como Murcia, Baleares o Castilla y León han desprotegido por ley, sin justificación ni exposición pública, decenas de miles de hectáreas de espacios naturales para urbanizarlos. La nueva Ley de Suelo, gracias a una enmienda de última hora introducida ayer por el PSOE en el Senado, afirma que sólo se podrá urbanizar en aquellos espacios protegidos que hayan perdido sus valores naturales y para ello las autonomías tendrán que justificarlo "científicamente". Al texto se sumará la Ley de Patrimonio Natural que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y que fija "la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística".

En 2001, la Comunidad de Murcia tramitaba su Ley del Suelo sin sobresaltos. En el último momento, el PP introdujo una enmienda aparentemente técnica, pero de gran trascendencia. "Los límites de los Espacios Naturales Protegidos de Murcia se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria", decía el texto. La norma, así, reducía los espacios protegidos de Murcia a los lugares protegidos por Bruselas, lo que en la práctica suponía desproteger 14.000 hectáreas, en gran parte de las cuales ya hay proyectos urbanísticos en marcha. Y lo hizo sólo con una frase en una ley y sin justificación. El PSOE llevó la ley al Constitucional, que aún no ha fallado, y los planes urbanísticos, como la urbanización para 60.000 personas en Marina de Cope, prosiguen.

En 2003, el Gobierno balear que preside el ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas copió el modelo. En dos disposiciones adicionales de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos -ni siquiera de la Ley del Suelo- desprotegió 22.000 hectáreas del Parc de Llevant y del de Cala d'Hort. Estos parques redujeron su superficie en más de un 90% y unas 20.000 hectáreas pasaron a ser urbanizables.

El ejemplo cundió. Castilla y León desprotegió en 2004 parte del pinar de Navas del Marqués (Ávila), una zona de área crítica para la cigüeña negra sin justificarlo, y hace un mes aprobó por ley en el último pleno de la legislatura, una urbanización en terreno protegido en Soria con el nombre de Ciudad del Medio Ambiente.

Para evitar trampas jurídicas como estas, el PSOE introdujo ayer una enmienda de última hora en el Senado a la Ley de Suelo que restringe la desprotección de espacios naturales. La enmienda, aprobada con los votos de todos los partidos salvo el PP, establece: "Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos, por su evolución natural, científicamente demostrada". Además, esta desprotección "deberá someterse a información pública" y en el caso de la Red Natura 2000, lugares protegidos por la Unión Europea, esta consulta "se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea". En la práctica, esto supone alargar durante meses la tramitación, dificultar los trámites y preservar los espacios naturales existentes, ya que las comunidades autónomas y ayuntamientos necesitarán informes científicos para aprobar estos cambios.

El senador socialista Eduardo de Orduña afirmó: "Gracias a esta ley, los espacios naturales no podrán alterarse a capricho sino mediante procedimientos razonados y justificados, no sólo porque alguien haya elegido ese lugar para construir".

El coordinador de Ecologistas en Acción, Tho Oberhuber, apoyó la reforma: "Al menos este texto frena la desprotección sin justificación de parques naturales. Las autonomías podrán intentar construir en ellos, pero cada vez será más difícil". Los tribunales han comenzado a vetar urbanizaciones en espacios protegidos (como hizo en Las Navas del Marqués) y las comunidades se ven tentadas a aprobarlas por ley para evitar a los jueces.

La Ley de Aguas también establece que los nuevos planes urbanísticos deben contar con informes sobre la disponibilidad de agua. Con este tipo de medidas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda intentan controlar el urbanismo, fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La tercera pata de la contención del urbanismo salvaje es el Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El borrador de la reforma establece que en las zonas protegidas, la conservación del medio natural estará siempre por encima del urbanismo.