Carta al juez

El ex director general de la Policía y actual diputado europeo en las listas del Partido Popular, Agustín Díaz de Mera, ha pretendido convertir en drama de capa y espada, con su acompañamiento de honras sometidas a prueba y lealtades no correspondidas, lo que, en realidad, ha sido un episodio de desobediencia al tribunal que juzga la causa del 11-M.

Su declaración ante el juez Gómez Bermúdez, el pasado 28 de marzo, era una de las últimas bazas para seguir manteniendo la implicación de ETA en los atentados. El ex alto funcionario trató de jugarla a favor de los medios de comunicación que han alentado esta especulación sensacionalista y de su propio partido, pero tropezó con el Estado de derecho. Su supuesta pretensión de proteger a la fuente que le había revelado la existencia de vínculos entre el terrorismo etarra y el yihadista se apoyaba en un importante y deliberado error de concepto. Un jefe de Policía no tiene fuentes: tiene información, y su deber es ponerla a disposición del tribunal que se la requiere en calidad de testigo. Y si fuera información clasificada, correspondería al Gobierno tomar la decisión de entregarla o no al tribunal.

En su carta al juez, Díaz de Mera asegura que hasta el pasado septiembre ignoraba que el informe sobre el que se ha pretendido construir la especulación sobre la implicación etarra en el 11-M -y que él mismo presentó entonces como una primicia informativa en la emisora de la Conferencia Episcopal- se encontraba ya incorporado al sumario. Con este reconocimiento de ignorancia retrospectiva, ha demostrado que, además de comportarse como un testigo desobediente, actuó cuando menos con escasa diligencia en su insólito papel de reportero de investigación.

Pero conviene despejar todas las dudas: el informe no sólo se encontraba a disposición de cualquier ciudadano que hubiese tenido la curiosidad de consultar el sumario una vez que se hizo público, sino que, por otra parte, dice exactamente lo contrario de lo que ha defendido Díaz de Mera, y con él la cúpula dirigente del PP, durante estos tres años de desprecio a las víctimas, a los ciudadanos y a las instituciones. Es decir, que no existe ninguna prueba, ni siquiera el más mínimo indicio, de que ETA y los yihadistas estuviesen en connivencia para perpetrar los atentados del 11-M.