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La proliferación de incidentes con los 'gorrillas' dispara la alarma en Alicante

La policía alerta de accidentes simulados y los vecinos denuncian prácticas intimidatorias

La proliferación de personas marginales que se atribuyen funciones de regulación del tráfico en zonas de aparcamiento de Alicante, hasta hace unos años socialmente consentidas, ha derivado en los últimos meses en un problema de orden público, según colectivos vecinales y usuarios. El comportamiento violento y coactivo de los aparcacoches y las constantes peleas entre ellos por el control de estos espacios ha contribuido a aumentar la sensación de inseguridad. Para frenar esta actividad, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que sanciona con 90 euros a los infractores. Sin embargo, la oposición cuestiona la medida dado el perfil de los gorrillas: transeúntes, politoxicómanos y de escaso poder adquisitivo.

"Si les das menos de un euro, lo desprecian y te echan una mirada amenazante"

El ámbito de actuación de este colectivo, un buen número de ellos inmigrantes, se circunscribe a seis grandes áreas de la ciudad: zona del Hospital General de Alicante, Paseo de Campoamor, las céntricas avenidas Óscar Esplá y Ramón y Cajal; El Postiguet y la avenida de Niza, en la playa de San Juan.

Afit, un argelino sin papeles, es uno de los gorrillas habituales en los aledaños del Hospital General de Alicante. Desde hace dos años, desempeña su trabajo de sol a sol, a través de turnos pactados con otros compañeros en esta zona. Esta actividad es su exclusivo y último recurso al que se agarra para sobrevivir y costear sus adicciones. "Si tuviera otra forma de vivir no estaría aquí", apunta. Dice que su comportamiento ante los vecinos y usuarios ocasionales es tranquilo. Sin embargo, vecinos de esta barriada sostienen que muchos de ellos no dudan en exhibir métodos violentos, a menudo verbales e incluso físicos, cuando alguien (usuarios u otros aparcacoches) no respetan sus indicaciones.

En estas seis áreas públicas de aparcamiento suelen operar a diario alrededor de un centenar de gorrillas. Aunque hasta hace unos años el grueso de este colectivo estaba integrado por indigentes autóctonos, en los últimos meses los inmigrantes, esencialmente de países del Este y norteafricanos, se han hecho con el control de la actividad, según constatan trabajadores de la ORA.

Pese a que oficialmente no existe una estadística sobre el número de denuncias y quejas a propósito de este asunto, según fuentes municipales; empleados de la ORA y asociaciones vecinales corroboran el creciente número de incidentes entre los ciudadanos y este colectivo. De hecho, esta situación llevó a la Policía Local de Alicante, a finales de enero, a emitir un comunicado para alertar a la población de una nueva modalidad de fraude de este colectivo. En la nota, los agentes constatan que algunos de estos gorrillas simulan accidentes o golpes por los vehículos durante las maniobras de aparcamiento. La policía asegura que el fin último de estos siniestros fingidos es reclamar a las compañías aseguradoras las correspondientes indemnizaciones por lesiones. La policía recomienda a los ciudadanos que pudieran verse involucrados en estas situaciones que denuncien los hechos y que no cedan a las "pretensiones o presiones" de estos individuos.

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Trabajadores de la ORA afirman que sólo con su imagen, en su mayoría demacrados y de aspecto abandonado, y la severa autoridad con la que reclaman el dinero son armas "suficientes" para intimidar a los ciudadanos. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los usuarios abona entre uno y dos euros ante el miedo de que su vehículo sea objeto de algún acto vandálico. "Si les das por debajo del euro, lo desprecian y te echan una mirada amenazante. Y además te vas intranquila por lo que le pueda pasar a tu coche", comenta una mujer que acaba de abandonar uno de los aparcamientos de la zona del Hospital.

Este impuesto clandestino que cobra este colectivo llega a suponer un desembolso importante para los residentes de estas zonas, abocados prácticamente a diario a atender las demandas de los aparcacoches. "Es indignante. Cada vez que muevo el coche, luego tengo que pagarles. Y encima, todo esto bajo la mirada indiferente de los agentes de la Policía Local", señala una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. Y agrega otra vecina: "Aquí la Policía sólo viene a multar los coches mal aparcados pero hacen la vista gorda a toda esta gente".

Veto y multa

En general, las grandes capitales carecen de normativa específica para intentar regular o, en su defecto, sancionar económicamente la actividad de los gorrillas. No obstante, la ciudad de Alicante es una excepción en este campo. La ordenanza de circulación de peatones y vehículos, aprobada en mayo de 2005, incluye una referencia explícita a los aparcacoches irregulares en la que veta esta actividad: "Es competencia de la Policía Local y del personal autorizado del Ayuntamiento, el control, vigilancia y regulación del tráfico del estacionamiento de vehículos. Queda prohibido el ejercicio de dicha actividad por otras personas, aunque se efectúe de manera voluntaria y gratuita". La norma municipal también incluye una multa de 90 euros a cualquiera que se atribuya competencias para regular el tráfico al margen de la Policía Local, único cuerpo autorizado. Domingo Martín, concejal socialista, considera que la prohibición y sanción de la actividad de los gorrillas por sí mismas no solucionan el problema y aboga por poner en práctica medidas sociales tendentes a la reinserción de estas personas.

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