Una victoria de Bush en Guantánamo

El rechazo esta semana por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de sendos recursos presentados por dos grupos distintos de presos de Guantánamo para que su caso sea visto por tribunales federales representa una clara victoria indirecta para la estrategia de la Administración de Bush en su lucha contra el terrorismo. Y es un ejemplo perfecto de cómo la justicia aplazada viene a confundirse muchas veces con justicia denegada. Es cierto que el Supremo no entró en el fondo de la cuestión, y que su rechazo se produjo por no conseguirse los votos favorables de cuatro de los nueves magistrados. Pero a los efectos de la Casa Blanca significa que es muy poco probable que el andamiaje legal puesto en pie por el presidente Bush y su Gobierno después del 11-S tenga que afrontar en el corto plazo nuevos desafíos constitucionales.

El Supremo estadounidense, previamente y por dos veces, ha sentado la doctrina de que la Constitución sí que ampara a los presos de Guantánamo, ese limbo legal donde desde hace cinco años penan casi 400 supuestos terroristas islamistas, de los que sólo una decena han sido acusados formalmente. Pero ninguno de los 385 detenidos en la base militar, etiquetados por el Gobierno como "combatientes enemigos", y por tanto ajenos a la protección constitucional estadounidense, ha tenido hasta ahora la oportunidad de defenderse ante un tribunal ordinario.

Tres jueces del Supremo, liberales, se manifestaron a favor de aceptar los recursos. Dos más fundamentaron su rechazo en cuestiones de procedimiento, precisamente las que blindan el aparato legal de Bush. La decisiva es el hecho de que el Congreso de mayoría republicana aprobase el año pasado, precisamente a instancias del más alto tribunal estadounidense, una ley que establece un procedimiento de comisiones militares, ahora en marcha, para interrogar a los presos de Guantánamo y determinar si se ajustan a la letal etiqueta de "combatientes extranjeros". El Supremo considera que hay que ver cómo se aplica ese texto antes de entrar a discutir su constitucionalidad. Tampoco ha acabado el trabajo de las instancias judiciales inferiores. Muchos de los prisioneros todavía no han apelado al tribunal federal del distrito de Columbia, que sí está autorizado a ver sus casos.

La victoria de Bush será sólo temporal. El actual Legislativo, dominado por los demócratas, puede cambiar la Ley de Comisiones Militares, y así han asegurado que lo harán. Pero la decisión del Supremo permite que continúen las comparecencias de los detenidos ante tribunales castrenses y otorga al presidente estadounidense una bocanada de aire político que presumiblemente le servirá para acabar su mandato sin tener que desmantelar su inadmisible montaje en Guantánamo.