El juez imputa a cuatro directivos de Metro por la muerte de dos empleados

El titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid ha apreciado indicios de dos delitos de homicidio imprudente, uno de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores en la conducta de cuatro directivos de Metro, en torno al accidente que costó la vida a dos trabajadores en marzo de 2006. También imputa al conductor del tren auxiliar que causó el siniestro al deslizarse desde Moncloa hasta la estación de Puerta del Ángel, donde arrolló la plataforma en la que los fallecidos reparaban la catenaria. Además, ve responsabilidad en un perito que certificó el buen estado del vagón accidentado.

El accidente se produjo a las tres de la madrugada del 10 de marzo de 2006, cuando un tren auxiliar T-4 cargado con vigas de acero que pesaban 13.277 kilos se deslizó "sin control y en caída libre" desde la estación de Moncloa hasta la parada de Puerta del Ángel, en la línea 6, según recoge el auto del juez. El vagón alcanzó una velocidad punta de 90 kilómetros en un determinado momento y colisionó con una dresina (plataforma para arreglar averías en el metro) estacionada en Puerta del Ángel, situada en una cota más baja. La fuerza del impacto provocó la muerte en el acto de los trabajadores Juan José Cañedo Guijarro, de 47 años, y Miguel Ángel Muñoz Manchado, de 51. También resultó lesionado su compañero Gerardo del Val Castro-Palomino, de 43 años.

El juez José María Casado concluye en su auto, fechado el pasado 12 de marzo, que, dada la velocidad del tren auxiliar, la distancia recorrida (dos kilómetros) y el tiempo empleado en ello (unos dos minutos), "resulta evidente que el sistema de frenado no funcionó en absoluto desde que el tren salió sin control del lugar en el que se encontraba estacionado para su descarga".

Fallo de frenado

El magistrado entiende que el conductor del tren auxiliar, José Ignacio Domínguez González, pudo no haber accionado el freno de estacionamiento o que este dispositivo "no fuera capaz de retener el vehículo". El vagón accidentado había sido fabricado en 1943 y "carecía de los modernos sistemas de control que permiten reducir considerablemente el riesgo de accidentes como el que nos ocupa", recoge el auto. También carecía de indicativo en la cabina de que el freno de estacionamiento había sido accionado.

A estas circunstancias se une, según el auto, que el conductor sólo había recibido en febrero de 2001 un curso de formación de 15 horas para conducir vagones especiales. "Desde entonces, aunque recibió capacitación sobre la conducción de otros tipos de trenes, no volvió a conducir un vehículo auxiliar, sin que hubiese conducido jamás, salvo el día del accidente, un vehículo auxiliar T-4", añade el escrito judicial.

El autor recoge que Metro de Madrid contrató a la empresa Eurocontrol, SA, para verificar que el tren auxiliar accidentado cumplía las disposiciones de seguridad y salud necesarias recogidas en la legislación vigente. Un perito de esa firma, Roberto Díaz Valverde, certificó el 15 de septiembre de 2004 que el citado vehículo "cumplía los requerimientos precisos".

Con estos antecedentes, el juez de instrucción ve que se pueden abrir diligencias previas contra Rafael Royuela Modrón, el jefe de la unidad de Ingeniería de Material Móvil, que se encargó del control de la homologación del tren, y contra María Antonia García San Andrés, la jefa de la unidad de Mantenimiento de Material Móvil, "una de cuyas funciones es la reparación de las averías". A ellos se unen el jefe de la unidad de Prevención y Salud Laboral de Metro de Madrid, Francisco López Ceacero, y el gerente de Formación de la compañía, Miguel Municio Sanfabio.

En los cuatro casos, Casado ve indicios de dos delitos de homicidio imprudente, otro de lesiones por imprudencia (por los daños sufridos por el tercer trabajador) y un cuarto, contra el derecho de los trabajadores.

El auto del magistrado concluye que el conductor del tren auxiliar, José Antonio Domínguez González, ha podido incurrir en dos delitos de homicidio imprudente y en otro de lesiones imprudentes. El texto de calificación imputa los mismos cargo al técnico de prevención de Eurocontrol, Roberto Díaz Valverde.

El titular del Juzgado número 43 ha desestimado las peticiones de archivo de la causa solicitadas por los imputados y la compañía Metro de Madrid, según destaca en el auto.

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