Los ciudadanos podrán pedir las ayudas por dependencia desde finales de abril

Los ciudadanos vascos podrán solicitar desde finales de abril las ayudas reconocidas en la Ley de Dependencia si acreditan su grado de discapacidad, pero no se les podrán conceder de forma material porque aún no se han aprobado ni el catálogo de prestaciones ni se ha definido la forma de copago. Ambas responsabilidades corresponden al Gobierno central, pero, según advirtió ayer el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, resulta "muy complicado" que los decretos que deben definir ambas cuestiones puedan estar listos para el mes que viene.

Lo único que ya está listo es el baremo de cero a cien puntos que servirá para medir las discapacidades de cada persona. Este instrumento ha sido elaborado por el Ejecutivo central en colaboración con las autonomías, en el seno del Consejo Territorial del Sistema de Dependencia. Con los datos resultantes de la aplicación del baremo, es decir, los grados de discapacidad, los ciudadanos tendrán derecho a recibir los servicios señalados en el catálogo de prestaciones. Finalmente, también se debe fijar el porcentaje del coste de la asistencia que debe pagar.

Consuegra compareció ayer junto al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ante la comisión de Trabajo del Parlamento para explicar el desarrollo de la ley en Euskadi. La previsión del viceconsejero es que el Consejo Territorial apruebe en su reunión del próximo 23 de abril tanto el copago como la cartera de servicios, con lo que los ciudadanos podrán acudir a las diputaciones (en el caso de Euskadi) a que se mida su grado de discapacidad a finales de ese mes.

Las peticiones serán atendidas, pero no se podrán conceder los servicios, ya que tanto el catálogo de los mismos como el copago tendrán que ser desarrollados por medio de reales decretos. A partir de la definición en ellos de los niveles mínimos, cada comunidad autónoma puede aumentar la cartera de prestaciones según sus posibilidades.

Comportamiento "leal"

En el caso de Euskadi, Consuegra avanzó que será "más amplia" que la prevista por la Administración central. Puntualizó que aún está pendiente de homologación por el Gobierno central el baremo que en la actualidad emplean las diputaciones para medir la discapacidad.

Las diputaciones emplean unos sistemas informatizados de evaluación que tienen en cuenta los factores sociosanitarios de la persona afectada y de su familia. El viceconsejero se mostró optimista de que se conseguirá la convalidación del sistema de baremación foral.

Madrazo aseguró que Euskadi se comportará de manera "leal" con el desarrollo de la ley, aunque eso no significará que deje de criticarla cuando cuando lo cree oportuno. Por ejemplo, ayer. El consejero censuró que la ley apenas tiene cuenta a los cuidadores de las personas dependientes, que en su mayor parte son mujeres y parientes del enfermo. Por eso, adelantó que en Euskadi se legislará para que tengan derecho a una prestación económica u otras alternativas, como apoyo psicológico o de otras personas para darle un respiro.