Sigue el pulso

El Gobierno remitirá a la Fiscalía General del Estado la documentación presentada ayer por personas significadas de Batasuna con vistas a la inscripción en el Registro de un nuevo partido. Es un episodio más del pulso de la formación ilegalizada para presentarse a las elecciones del 27 de mayo sin una condena expresa de ETA. Las siglas de la nueva formación (Abertzale Sozialisten Batasuna, ASB) incluyen el nombre de la ilegalizada, lo que contradice en principio lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Partidos, que prohíbe utilizar denominaciones que coincidan, se asemejen o recuerden la de un partido declarado ilegal; además, entre las personas que presentaron la documentación figuran dirigentes de esa formación, como Marije Fullaondo, que encabezó la candidatura para las elecciones europeas de 2004, ilegalizada en su momento por el Tribunal Supremo.

Ambos factores constituyen indicios relevantes de continuidad entre el proyecto de nuevo partido y el ilegalizado en 2003, y justifican la decisión de remitir el expediente a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, que son las instituciones que pueden impugnar la inscripción. Tales indicios se verían relativizados por la inclusión en los estatutos de una condena expresa de ETA, según la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2005. Puesto que el motivo de la ilegalización se debía a la existencia de una vinculación con ETA, una condena clara del terrorismo aportaría un contraindicio de gran peso frente a la sospecha de que esa vinculación se mantiene. Inversamente, la negativa a condenar sería un indicio poderoso (aunque insuficiente; habría que completarlo con otros) de una voluntad fraudulenta de dar continuidad al partido ilegal.

Ha trascendido que los estatutos del nuevo partido incluyen afirmaciones como la apuesta por "las vías exclusivamente políticas y democráticas", que ya figuraban en el pacto de legislatura con el Gobierno de Ibarretxe suscrito por Batasuna (entonces Euskal Herritarrok) en 1998, lo que no tuvo efecto alguno cuando ETA rompió la tregua de aquel año. La Fiscalía tendrá que valorar si ésa y otras declaraciones de principios (respecto a la Constitución, por ejemplo) incluidas en los estatutos son suficientes para considerarlas equivalentes a una condena explícita de ETA.

Parece evidente que los dirigentes de Batasuna quieren establecer un tira y afloja, una especie de negociación sobre los límites de la legalidad, para presentar el resultado como un reconocimiento de que su ilegalización no estuvo justificada. En esto también hay un mimetismo respecto a la estrategia del IRA y el Sinn Fein. Conviene recordar que la firmeza de Londres respecto a la suspensión de la autonomía del Ulster fue decisiva para que al final se entregasen las armas.