Dos policías de la trama de Ronda solicitan la inhibición del juez que investiga el caso

El abogado de dos de los siete policías imputados en la trama de Ronda (Málaga) pidió ayer por escrito al juez que lleva la causa que "se abstenga en conciencia" de seguir la instrucción. El letrado afirma que el único acusado que no pertenece al Cuerpo Nacional de Policía y que se encuentra en libertad presume de haberse hospedado en el domicilio del instructor con su pareja, que también es juez de Ronda. Según el abogado, el imputado se vanagloria de que su novia es amiga del juez instructor y precisamente por esto le dice que entendería que se sienta "incómodo" instruyendo la causa.

La juez pareja del imputado ha sido trasladada a Melilla a petición propia

Fuentes judiciales mantienen que el letrado, José Luis Ortega, trata de apartar al juez del caso de corrupción policial y dan como "muy probable" que se esté investigando la actuación de la juez vinculada al imputado ajeno al cuerpo policial.

Ortega especifica en su escrito que el imputado Sergio Flores González -propietario de un bar de la ciudad y detenido por tráfico de estupefacientes- "ha hecho notar en público ante la ciudadanía de Ronda ser pareja de hecho" y "compartir techo" con María José Alcázar Ocaña. Esta mujer era la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda hasta el pasado 16 de marzo, fecha en la que el BOE publicó su traslado voluntario a un juzgado de violencia doméstica de Melilla.

El letrado mantiene que Sergio Flores González hace gala de una relación "sana y transparente" con la juez y que "luce entrañable amistad" con el juez instructor del caso y titular del juzgado número 3 de Ronda. Según el abogado -que habla por boca de los dos policías imputados- Sergio Flores mantiene que ha pasado unos días como invitado en la vivienda que el juez instructor tiene en Cádiz.

En el texto, el letrado invita al juez a abstenerse en conciencia, aunque en el párrafo posterior comenta que su escrito "no es de recusación, no denuncia, ni descalifica". Según fuentes judiciales consultadas, la ley obliga al magistrado a abstenerse cuando hay una "amistad íntima" o una "enemistad manifiesta" con los imputados.

Sobre la relación que Sergio Flores mantiene con la juez Alcázar, las mismas fuentes judiciales añadieron que, "es muy probable que se haya investigado si conocía la supuesta actividad ilícita de la que está acusado su pareja". El abogado Ortega ha pedido también al juez que investigue si con anterioridad se han abierto causas contra los detenidos, por qué motivos y quién decretó su archivo.

Sergio Flores fue detenido en la misma operación en la que Asuntos Internos apresó a los siete agentes. Según fuentes consultadas, es propietario de un bar de la ciudad y en uno de los registros le encontraron unos 60 gramos de cocaína, por lo que por lo menos se encuentra imputado por tráfico de estupefacientes.

Estuvo casi un mes en la cárcel y quedó en libertad el pasado 16 de marzo. Ese día, el juez tomó declaración a una de las testigos protegidos. La mujer cambió sus dos primeras declaraciones, y dio una versión de los hechos mucho más favorable a los principales agentes imputados.

El letrado José Luis Ortega asegura que ha recomendado a uno de sus defendidos, un agente de escala básica en libertad con cargos, que no salga de su domicilio para evitar que se le puedan atribuir presiones a los testigos. Este policía está acusado de cinco delitos: abuso sexual, abuso en el ejercicio de sus funciones, extorsión, falsedad documental y estafa. Su otro patrocinado, en prisión, está imputado por siete hechos delictivos: abusos sexuales, abuso de condición funcionarial, contra la salud pública, cohecho, estafa, falsedad documental y extorsión.

En la operación, destapada el pasado 20 de febrero, fueron apresados siete agentes. Entre ellos se encontraba Juan Antonio Rodríguez, un inspector jefe de 50 años que había asumido hacía un año y medio el mando de la comisaría con el encargo de poner un poco de orden. De los siete agentes detenidos por delitos comunes en el área de extranjería y explotación sexual de mujeres, tres -el inspector jefe, el subinspector de Extranjería y un agente de escala básica- se encuentran en prisión preventiva.