La reforma del sector vitivinícola divide a productores y cooperativas
Las organizaciones agrarias y las cooperativas mantienen posiciones totalmente enfrentadas ante la propuesta comunitaria para la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) para el sector del vino. La Comisión pretende presentar formalmente la misma el próximo cuatro de julio para su debate en el segundo semestre del año bajo la presidencia portuguesa.
Los planteamientos del sector agrario tampoco coinciden, en la mayor parte de los puntos, con los expuestos en Bruselas por la Administración. España planteó, entre otros puntos, un periodo transitorio para eliminar los mecanismos para la regulación del mercado; ayudas a la producción bajo contrato ligadas a la entrega de vino para alcohol o mosto; arranques moderados y planes de reestructuración y liberalización de plantaciones. Estas propuestas fueron recibidas, sin embargo, positivamente por los industriales del vino.
Casi el único punto en el que están de acuerdo todas las partes es en la necesidad de una reforma que mantenga como mínimo la actual distribución del presupuesto comunitario. España percibe aproximadamente el 35% de todos los fondos, estimados en unos 1.300 millones de euros. A partir de ahí, cada organización agraria propone a Bruselas una estrategia diferente.
La más directa es la defendida por la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Ésta plantea, fundamentalmente, una distribución de los recursos por hectárea y dejar libertad total en el sector. Esta propuesta coincidiría con la filosofía comunitaria de conceder ayudas en todos los sectores, desligadas de la producción, y dejando libres los mercados.
Para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), es preciso una reforma que contemple cambios sobre la regulación actual, pero que no suponga una ruptura violenta con los mecanismos en vigor. Finalmente, la organización agraria Coag, de acuerdo con las cooperativas, defiende una distribución comunitaria de los fondos por superficie a cada país.
