Las ONG afirman que el texto de la Ley de Memoria no cierra heridas sino que las abre

"Inaceptable", "gran decepción", "oportunidad perdida", "peligroso antecedente" y "pésimo ejemplo". Es lo que piensan las principales ONG internacionales de Derechos Humanos -Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas- del Proyecto de Ley de Memoria Histórica tras reunirse con representantes del Gobierno, de todos los grupos parlamentarios y de la Fiscalía General del Estado. Estas ONG proponen que se hagan públicos los nombres de los verdugos y advierten de que "tal como está" no cierra heridas, sino que las abre.

No les ha gustado casi nada, pero ayer, en la sede de Amnistía Internacional, los tres responsables de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos quisieron terminar con un mensaje positivo: "Aún hay tiempo", dijeron, "para la cirugía".

Sus conclusiones son demoledoras. Según ellos, "el proyecto de ley ignora el derecho de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo a la verdad y la justicia". Pero la delegación de expertos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno, de todos los grupos parlamentarios y de la Fiscalía General del Estado, aseguró que habían visto "signos alentadores" en sus interlocutores para "seguir debatiendo y cambiar sustancialmente la ley".

Javier Zúñiga, de Amnistía Internacional, consideró que los partidos políticos "deberían dejar de lado las cuestiones de partido y pensar en las víctimas". Wilder Tyler, de Human Rights Watch, explicó que también se habían reunido con el grupo popular y que tenían posturas contrarias a la ley por motivos distintos de los esgrimidos por las tres ONG. Esto, en su opinión, justifica "aún más" el debate. Antes de empezarlo, dejaron claro que si el texto se deja como está "provocará más heridas de las que ya hay abiertas".

Estas son sus principales discrepancias con el proyecto de ley y sus alternativas.

- También los verdugos. El Proyecto de ley sobre las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, (nombre oficial de la conocida como Ley de Memoria Histórica), incluye también una disposición específica para salvaguardar la identidad de los presuntos autores de los abusos a las víctimas. La delegación de expertos en derechos humanos considera que esta cláusula impide cumplir el derecho a la verdad de las víctimas. "Las víctimas ya saben que son víctimas. Lo que no saben es quién las hizo víctimas y por qué", explicó Wilder Tyler, de Human Rights Watch. "Un investigador no debería estar más cerca de la verdad y tener más información que una víctima", añadió.

- Archivos. En la misma línea, el proyecto de ley restringe el acceso a los archivos y fondos documentales cuando los documentos contengan información sobre la identidad de presuntos perpetradores de abusos durante la Guerra Civil o el periodo franquista. Las tres organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran este aspecto como un claro "mecanismo de impunidad". Javier Zúñiga, de Amnistía Internacional, llamó la atención sobre el "escandaloso estado" en que, a su juicio, se encuentran algunos de los archivos de la Guerra Civil española.

- Anulación de sentencias. Amnistía Internacional propone que las víctimas de consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas, juicios sumarísimos, etcétera, puedan recurrir las sentencias condenatorias. "La verdad privada no dignifica a nadie que fue humillado por una sentencia injusta", concluyó Wilder Tyler, de Human Rights Watch. Amnistía Internacional pide además que se cree una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos que se cometieran durante la Guerra Civil y el régimen franquista.

- Responsabilidad del Estado. Tyler considera que en el proyecto de ley "el Estado español no asume responsabilidad alguna por los crímenes atroces que se cometieron durante el franquismo y la Guerra Civil", y que eso dificulta la "reconciliación". Amnistía Internacional pide además que el Estado se haga cargo de los recursos necesarios para la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

- Participación de las víctimas. Para el representante de Human Rights Watch la víctima "no puede ser un elemento pasivo" en la tramitación de esta ley, por lo que pidió un foro donde todas puedan ser escuchadas fuera del ámbito privado. "Para que el proceso sea dignificante, tiene que haber un reconocimiento público. No basta un certificado de víctima debajo del brazo", añadió Tyler.