Bush impide que Rove responda del despido de fiscales bajo juramento

El presidente de EE UU, George W. Bush, ofreció ayer al Congreso la comparecencia privada de su principal asesor, Karl Rove, y de otros altos funcionarios que puedan responder sobre el caso de los fiscales presuntamente despedidos por razones políticas. Pero advirtió que, de ninguna manera, aceptará que sean citados a declarar oficialmente y bajo juramento. Mientras, The Washington Post desveló que uno de los fiscales que estuvo en el punto de mira de Justicia fue Patrick Fitzgerald, el encargado de investigar el caso Plame.

El presidente del comité de Asuntos Judiciales del Senado, el demócrata Patrick Leahy, respondió inmediatamente que la oferta de la Casa Blanca no satisface la demanda de los congresistas y anunció que, probablemente hoy mismo, se tramitará una citación oficial a Rove y otros involucrados en el caso.

Es el mayor choque entre Ejecutivo y Legislativo desde que los demócratas ganaron en noviembre pasado la mayoría en ambas Cámaras y obligaron a Bush a una difícil cohabitación. Este episodio, en el que está amenazada la continuidad del fiscal general (ministro de Justicia), Alberto Gonzales, promete elevar al máximo la tensión entre ambos poderes.

Bush, amparado en su derecho a impedir la comparencia bajo juramento de sus colaboradores, aseguró ayer que los demócratas pretenden hacer del caso de los fiscales una caza de brujas, y negó a Rove el permiso para testificar. "Los demócratas parecen más interesados en obtener rendimientos políticos que en conocer la verdad", afirmó el presidente en una inesperada declaración ante los periodistas en la Casa Blanca.

Bush dijo que en las últimas 24 horas el Gobierno ha entregado al Congreso más de 3.000 documentos relacionados con el despido de los fiscales y la participación de Rove y de Gonzales en esos despidos, y aseguró que está dispuesto a dar acceso a los legisladores a cualquier papel que crean necesario. Pero no está dispuesto a someter al cerebro de su Administración a un durísimo interrogatorio bajo juramento en el Senado en el que Rove tendría que asumir, tal vez, las graves consecuencias de mentir u ocultar la verdad.

Es difícil anticipar el siguiente paso en la crisis, iniciada la pasada semana al saberse el despido de ocho de los 93 fiscales federales que, aparentemente, no habían sido leales al Gobierno. Los fiscales son nombrados por el Gobierno, pero han de actuar con total independencia e imparcialidad, cosa que, salvo excepciones, hacen.

El caso se complicó ayer por una revelación del diario The Washington Post: Patrick Fitzgerald, el fiscal que condujo la investigación del escándalo sobre las filtraciones de la Casa Blanca para justificar la guerra de Irak, estaba pobremente valorado por los responsables del Departamento de Justicia y figuraba, eventualmente, entre los candidatos al despido.

Fitzgerald es el fiscal que se encargó del llamado caso Plame, la revelación, por parte de altos funcionarios del Gobierno, de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame como castigo a su marido, el diplomático Joseph Wilson, que había descubierto que Sadam Husein no había comprado uranio enriquecido en Níger. El jefe de Gabinete del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Scooter Libby, fue declarado culpable hace dos semanas de perjurio y obstrucción a la justicia en relación con ese caso.

Si llegase a confirmarse que el fiscal que perjudicó a la Administración por su investigación sobre Libby estaba en la lista de futuros despedidos, le resultaría muy difícil a Bush y a Gonzales sostener que los despidos no tenían motivación política. De momento, lo que el Post ha averiguado es que el nombre de Fitzgerald se encontraba situado en la lista del Departamento de Justicia por debajo de los que eran calificados como "fiscal fuerte que manifiesta lealtad".

Esa lista era elaborada por los ayudantes del fiscal general para identificar a los que debían ser despedidos. Dos de los que fueron relevados se encontraban en la misma categoría que Fitzgerald. Expertos judiciales creen que todo lo que no sea reconocer a Fitzgerald como uno de los más grandes fiscales de EE UU es muy sospechoso. Fitzgerald, fiscal federal de Chicago, alcanzó notoriedad por su investigación sobre Al Qaeda antes del 11-S. En 2002 fue premiado por sus servicios. A menudo, es mencionado por sus colegas como el mejor de los 93 fiscales federales.