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Autodeterminación catalana

La autodeterminación catalana no es "una collonada", y menos en la España de hoy. Ninguna comunidad nacional puede renunciar a su autodeterminación. Forma parte de su identidad como comunidad ética de hombres y mujeres libres. Cuando el Parlament de Cataluña definió Cataluña como nación, estaba afirmando un sujeto de autodeterminación política, sin que ésta tenga que concretarse necesariamente en la voluntad de constituir un Estado independiente. Es la idea de autodeterminación nacional que David Miller ya defendía en su On Nationality (1995): "una estructura institucional que permita decidir colectivamente sobre aquellos asuntos que afectan primordialmente a la comunidad nacional". El problema de fondo o cuestión nacional es el reconocimiento de este derecho fundamental a decidir sobre los asuntos propios o que afectan primordialmente a la comunidad nacional.

Esto es precisamente lo que nos impiden desde un centro que se arroga la representación del todo, desde un Estado españolista y centralista incompatible con la idea federal. Los ciudadanos de Cataluña no podemos tolerar la amenaza cuando afirmamos nuestros derechos de autogobierno, el acoso y derribo de lo que aprueban legítimamente nuestros representantes y, finalmente, la desnaturalización de lo que sancionan las mismas Cortes Generales y el pueblo catalán mediante referéndum. Eso es lo que está sucediendo con el Estatuto 2006. Una sentencia del Tribunal Constitucional que declarara inconstitucionales algunos artículos del Estatuto, o bien que impusiera una lectura restrictiva de los mismos, significaría una última burla contra Cataluña en un proceso a la vez tendencioso y arbitrario. La perversa oposición política del Partido Popular está consiguiendo envenenar la democracia española. Parece que no saben ganar las elecciones de otra manera. Cataluña no podrá asumir nunca el mando político de este partido en la Moncloa, muy minoritario en tierra catalana y sectariamente anticatalanista. La autodeterminación expresada mediante elecciones ya ha dejado claro cuál es el peso político del Partido Popular en Cataluña. Además, es oportuno decir en estas fechas que la irresponsable decisión de implicar a España en la guerra e invasión de Irak, con los efectos tan desastrosos y criminales que ha tenido para la seguridad de la sociedad española, pone en evidencia a los principales dirigentes de este partido. Que alguien les recuerde los versos universales de Salvador Espriu en su poesía Viet-Nam (1967), dedicados "a les víctimes d'un innecessari i estupidíssim sofriment": "I puc alçar només / unes fràgils paraules / contra el desdeny / dels senyors del poder./ Tot just somriuen / els llavis dels prínceps / i dicten després, / ja per sempre, / glaçades lleis / de la força i de l'espant".

La autodeterminación deriva hacia la voluntad de independencia cuando no se respeta la identidad nacional catalana, cuando se utiliza el nombre de España para cercenar el autogobierno de Cataluña. Así es imposible ser federalista porque se confunde pacto por sumisión y asimilación. Sin una España democrática y federal, Cataluña no tiene otra salida positiva para sí misma que la independencia. Esto debería entenderse también por parte de las izquierdas jacobinas españolas. Porque la inclinación hacia la derecha extrema del PP y, especialmente, su integrismo españolista ha arrastrado en cierta medida al PSOE hacia patriotismos y armonizaciones territoriales. Euskadi y Cataluña permanecerán como un problema sin solución en España si la cultura política de los partidos estatales no cambia radicalmente.

Mientras tanto, los partidos catalanistas deberían anteponer la unidad en materia de autogobierno sin decaer en estrategias electoralistas. Digo "deberían" porque no hay manera de que hagan lo que deben. Desde los inicios de la reforma del Estatuto de 1979 no ha habido casi un momento de lealtad entre los partidos catalanes. En estas condiciones, solamente se me ocurre una salida: que las instituciones civiles catalanas asuman su responsabilidad y protagonicen unitariamente la defensa de los derechos nacionales de Cataluña. La sociedad civil catalana no puede callar ante tanto atropello. Es necesaria la constitución de una mesa cívica de instituciones catalanas en defensa del autogobierno de Cataluña y del Estatuto 2006. Vivimos la paradoja de haber ganado democráticamente el mayor autogobierno de la historia contemporánea de Cataluña gracias al Estatuto 2006 y, al mismo tiempo, contemplar impotentes cómo lo están vaciando de contenido político, hasta el golpe de gracia que pueda asestarle el Tribunal Constitucional.

Nuevamente me vienen a la memoria los versos de Salvador Espriu en Indesinenter, escritos como homenaje a Jordi Rubió. Hoy está afectada la dignidad del pueblo catalán y su derecho a decidir libremente sobre los asuntos que le incumben. Está en juego la credibilidad del Estado autonómico. El respeto y la lealtad hacia el Estatuto 2006 por parte de las instituciones centrales del Estado es conditio sine qua non para que la ciudadanía de Cataluña no tenga que plantearse otras alternativas. El futuro es abierto y en ningún lugar está escrito que Cataluña estará eternamente asimilada al Estado español. El desarrollo y profundización de la democracia pluralista permite que podamos convivir en la diferencia, que sea posible imaginar una España comunicada en red y no radialmente, que la economía catalana pueda desarrollarse sin obstáculos por razón de Estado, que sea factible impulsar la unión federal plurinacional, fundada en una relación policéntrica y no en el dictado centralista. Desde el federalismo y con el federalismo esto es posible y deseable. De no ser así, sólo cabe una salida democrática para la autodeterminación catalana. El divorcio es inevitable y conveniente cuando dos sujetos no se entienden.

Miquel Caminal es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 20 de marzo de 2007.

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