Igualdad real

El pasado viernes el Defensor del Pueblo Andaluz comunicó a la presidenta del Parlamento que no podía proceder a la designación de sus cuatro adjuntos. Las personas propuestas por los grupos políticos no reflejaban la igualdad exigida legalmente. Efectivamente, la Ley de Igualdad aprobada por el Congreso y el Estatuto de Andalucía exigen que estos nombramientos sean expresión de igualdad efectiva entre hombres mujeres. Pues bien, frente a este bloqueo provisional en la designación y nombramiento por razones de legalidad, empiezan a oírse voces empeñadas en mantener una sociedad claramente inmovilista y férreamente defensora de privilegios de una época más que trasnochada. Si la semana pasada, el PP se abstenía en la votación de la Ley de Clonación Terapéutica, que permitirá que la diabetes y determinados tipos de cáncer puedan alcanzar la curación, hoy ha tocado a la Ley de Igualdad. Si la semana pasada, desde este mismo espacio, insistía en que el PP estaba desarrollando una estrategia de crispación cuando la sociedad respiraba normalidad y seguía avanzando en la consolidación de derechos, hoy más de lo mismo.

Es verdad que la Constitución declara la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Dicho así, da la impresión que no es necesaria una ley que declare y apueste por lo que ya está declarado y apostado. Es más, podría decirse, y se está diciendo, que una ley con este objetivo de paridad a nivel público y privado, se elabora para la galería. Sin embargo, y muy a pesar de la declaración constitucional, la igualdad entre mujeres y hombres no es real actualmente. Las mujeres cobran menos que los hombres. Las mujeres se dedican fundamentalmente a cuidar de mayores y dependientes -un 83% aproximadamente-. Las mujeres, por su condición de mujer, sufren violencia de género y las mujeres, pese a licenciarse en número superior que los hombres y con mejores calificaciones, continúan ocupando empleos de menor calidad y con contratos temporales.

Resulta obligado iniciar y desarrollar políticas activas que permitan hacer efectiva la igualdad. Cualquier grupo político que quiera avanzar y eliminar diferencias de trato está obligado a no permanecer indiferente. No se trata, ni mucho menos, de que las mujeres sean floreros y que por ser mujeres ocupen determinados cargos. No. De lo que se trata es que dejen de ser floreros y que, por ser mujer, no ocupen cargos de responsabilidad en la misma proporción que ocupamos los hombres, que es lo que está ocurriendo.

En este sentido, y no en otro, entiendo, como entendía la pasada semana con motivo de la aprobación de la Ley andaluza sobre Clonación Terapéutica, que mi normalidad pasa por cobijarme dentro de aquellos grupos que buscan el mayor y mejor avance científico y social en una sociedad que mira al futuro y no al pasado.

Claro que, al margen de estas reflexiones y dentro de ellas, no parece que el problema político que tiene el Defensor del Pueblo no pueda desbloquearse. Después de todo, si el Estatuto de Autonomía en su artículo 107 establece que "en los nombramientos y designaciones que corresponda al Parlamento de Andalucía, regirá el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres", y este Estatuto ha sido votado por el PP, no parece que el problema exista más allá de discutir coyunturalmente las bondades de esta política activa de igualdad. Eso sí, como a algunos dirigentes de este grupo político los sacas de cuatro manifestaciones y no saben dónde van, es lógico que siempre vea problemas donde no los hay y que su apuesta por la normalidad sea una frase poco creíble. La razón no es otra que si en Andalucía vota sí a este artículo 107 y en Madrid vota no a la presencia equilibrada, su coherencia y su normalidad debe ser de otro mundo. Mi apuesta por la normalidad es otra. Aquélla que le permite a la sociedad avanzar; aquélla que consolida y desarrolla derechos y deja atrás frases del refranero, como "la mujer con la pata quebrada y en casa", apuesta por la igualdad real entre hombre y mujeres.