Un nuevo escándalo salpica a Karl Rove

De nuevo Karl Rove tras un escándalo. El asesor político del presidente de Estados Unidos podría encontrarse detrás del despido de ocho fiscales federales el año pasado, según prueban correos electrónicos y documentos aportados por el Departamento de Justicia. Los críticos aseguran que la expulsión de estos fiscales estuvo motivada por cuestiones políticas. El caso ha situado al fiscal general (ministro de Justicia), Alberto Gonzales, en medio de una crisis que crece cada día.

El caso pone en aprietos al fiscal general de EE UU, Alberto Gonzales

El día estuvo ayer caliente para el hombre que diseñó la ideología que llevó al republicano George W. Bush a la Casa Blanca. Acosada por los demócratas, que piden la comparecencia de Rove en el Congreso, la Casa Blanca anunció que, de momento, no pensaba acceder a ese requerimiento e informó de que los cargos oficiales que no son confirmados por el Senado, como es el caso de Rove, no tienen obligación de comparecer en Capitol Hill. Los nuevos documentos prueban que Rove estuvo más involucrado en el plan para destituir a los fiscales de lo que ha admitido la Casa Blanca.

Con fecha de 9 de enero de 2005, varios correos electrónicos de la Casa Blanca muestran que el asunto se abordaba al menos un mes antes de lo que la Administración ha reconocido (después del 3 de febrero de 2005, cuando Gonzales ya estaba confirmado como fiscal general).

En los correos se discute cómo reemplazar a todos los fiscales federales de Estados Unidos, un total de 93, al comienzo del segundo mandato presidencial de Bush (en el año 2004). Y queda constancia de que la mano derecha de Gonzales, el dimitido Kyle Sampson, había hablado con su jefe sobre el tema "un par de semanas antes". En aquel momento, Alberto Gonzales esperaba que el Senado ratificase su puesto.

El correo electrónico de Kyle Sampson era una respuesta a un correo anterior de un miembro de la Casa Blanca, Colin Newman. Newman escribió que Rove había sido preguntado sobre "cómo vamos a proceder respecto a los fiscales de Estados Unidos, si vamos a permitir que se queden todos, pedir dimisiones a todos, aceptar sólo la de unos cuantos o remplazarlos de forma selectiva".

La Casa Blanca mantiene que la idea de echar a los magistrados al comienzo del segundo mandato del presidente Bush vino de la antigua asesora legal de la Casa Blanca Harriet Miers, quien reclamaba "sangre nueva" para los despachos de la fiscalía. Miers se convirtió en consejera después de que Gonzales fuera ascendido a fiscal general, posteriormente fue propuesta sin éxito por el presidente como juez para el Tribunal Supremo de Estados Unidos y finalmente abandonó la Administración en enero pasado.

Rove se ha situado en el centro de la controversia, contradiciendo la tesis de la Casa Blanca que aseguraba que nada tuvo que ver con tan espinoso asunto. Los correos prueban que "Karl Rove estaba en medio de este lío desde el principio", aseguró ayer el senador demócrata Charles Schumer.

Ocho fiscales fueron licenciados a finales de 2006. Cuando se conoció la noticia, el Congreso estadounidense, de mayoría demócrata, se movilizó -como no cabía esperar de otra manera justo en medio del segundo mandato y a menos de dos años de las elecciones presidenciales- y reclamó la renuncia del fiscal general, amigo del presidente Bush.

A pesar de que los fiscales federales son puestos nombrados a dedo por el presidente, es cierto que es poco corriente hacerlo en medio de un segundo mandato. La sugerencia de que habían sido relevados de sus responsabilidades porque no cumplían con su trabajo no hizo más que despertar la ira de los fiscales despedidos, que denunciaron motivaciones políticas en la decisión.

El Departamento de Justicia estadounidense ha admitido que uno de los ocho, H. E. Bud Cummins, fiscal federal de Estados Unidos en Little Rock (Arkansas), tuvo que marcharse para dejar hueco a un antiguo ayudante de Rove que volvía de cumplir con su deber a la patria en el Ejército.