La oficina está en casa

Una de las utopías blandas que prometen las nuevas tecnologías aplicadas al mercado de trabajo es precisamente la posibilidad de trabajar desde casa, producir sin salir del hogar. Los funcionarios están a punto de cumplir parcialmente ese objetivo. Un decreto del Ministerio de Administraciones Públicas, en periodo de consulta en el Consejo Económico y Social, regula el teletrabajo de los funcionarios con limitaciones tales como que el trabajo desde casa no podrá superar el 40% de la jornada semanal o que a su disfrute no podrán sumarse los funcionarios del Ejército, Fuerzas de Seguridad del Estado o Justicia. Por supuesto, los funcionarios que atienden las ventanillas no podrán hacerlo desde casa

Mencionar el trabajo de los funcionarios equivale a incurrir fácilmente en el tópico jocoso. Sin embargo, el recorte de horas trabajadas en los despachos oficiales responde a una lógica aplastante. Los interlocutores de la Administración, los ciudadanos, ya no perciben la ventanilla como el recurso más seguro para relacionarse con los gestores públicos; utilizan vías más seguras o menos estresantes, como el teléfono o Internet; servicios que la burocracia ha desarrollado intensamente en los últimos años para descongestionar las ventanillas y desactivar las filas de los centros oficiales.

El teletrabajo acrecienta la responsabilidad de quien lo practica -obliga a proponerse y conseguir objetivos previamente acordados-, permite trabajar en condiciones de mayor comodidad y, por tanto, aumentará probablemente la calidad de los servicios públicos. Quizá permita también calcular mejor la productividad de los empleados públicos. Hasta comprobar en la práctica las contraindicaciones, el trabajo en casa es un proyecto que conviene cultivar.