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Francia | DERECHOS DE AUTOR

Una comisión administrativa fija las tarifas

Una comisión administrativa determina en Francia qué materiales pagan y a cuánto ascienden las tarifas de la remuneración compensatoria por copia privada, en función del tipo de soporte, de la capacidad de cada aparato y del grado de uso de las protecciones anticopia.

Forman parte de esta comisión representantes del Estado, de los titulares de derechos, de los fabricantes y también de los consumidores. Sus decisiones se publican en el Journal Officiel francés, equivalente del BOE español. La última fue el 13 de septiembre, cuando se incluyeron las memorias flash y los discos duros integrados en teléfonos móviles, televisores o grabadoras de DVD, entre otros. Aparatos gravados con una tarifa fija, entre 5 y 50 euros, según su capacidad.

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El precio del canon

Dos meses antes, los legisladores franceses habían adaptado la directiva comunitaria sobre derechos de autor a su legislación. La tramitación de la llamada Ley DADVSI levantó muchísima polémica y pasó por distintas fases, desde la legalización del P2P -los internautas pagarían una especie de tarifa plana por descargar archivos-, a su consideración como infracción con multas entre los 38 (casos leves) y 150 euros (casos graves), aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la medida fue finalmente tumbada por el Consejo Constitucional francés, que siguió considerando el P2P un acto de piratería con penas máximas de tres años de cárcel y 300.000 euros de multa para los usuarios de las redes de intercambio de archivos.

No a la interoperabilidad

El consejo también tumbó por "inconstitucional" la disposición favorable a la interoperabilidad, que garantizaba que toda canción adquirida en cualquier tienda de Internet pueda escucharse en cualquier reproductor, con independencia del sistema anticopia (DRM) que albergue.

La ley DADVSI también introdujo la Autoridad de Regulación de las Medidas Técnicas (ARMT), que debe establecer el límite de copias que permiten los DRM, que a su vez deben servir para cuatificar las tarifas de remuneración por copia privada. Todavía no se ha constituido.

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