El Tribunal de Cuentas y el Parlamento no logran avances en su conflicto por la evaluación del Ejecutivo

Cuatro consejeros del Tribunal de Cuentas y representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos mantuvieron ayer una reunión informal en la sede de la Cámara que no sirvió para desbloquear el conflicto que mantienen por un informe que no satisfizo a la Cámara y que se le instó a enviar por segunda vez. El tribunal no lo hizo.

La presidenta del órgano fiscalizador, María Asunción Macho, quien pidió en julio pasado esta reunión a través de la presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao, no acudió al estar hospitalizada.

Macho intentaba con esta cita obtener una tregua en el cuestionamiento del trabajo del tribunal que se viene produciendo en los últimos años, tanto por lo relativo a ese informe como por enmendar la plana a la Cámara en sus peticiones de fiscalización.

Desde que el tribunal rompió en 2002 su equilibrio tradicional y se instaló en una mayoría nacionalista, ha visto puestos en solfa sus informes, que a su vez han dejado de quedar aprobados por unanimidad para incorporar sistemáticamente votos particulares en contra.

La Cámara pidió a finales de 2005 a la presidenta del tribunal que explicase cuáles son las carencias en la documentación que el Gobierno le facilita que le impiden evaluarlo adecuadamente. El propio tribunal había criticado esta situación, pero Macho no lo precisó en su informe a la Cámara y por ello ésta le pidió que elaborara otro. Este segundo requerimiento, que el PNV intentó impedir, nunca ha sido atendido por Macho. En su lugar, pidió a través de Bilbao la cita, celebrada ayer a puerta cerrada -sin carácter de comisión ni ponencia-, y que figuró en la agenda de la actividad parlamentaria bajo el epígrafe "otros actos".

Ocho meses para una cita

Desde que la oposición, particularmente el PSE, empezó a pedir explicaciones sobre los impedimentos que sufre el tribunal para hacer su trabajo ha transcurrido año y medio. Sólo concertar la reunión de ayer costó ocho meses, desde que el plenario del tribunal decidió actuar por esa vía en julio del año pasado.

En todo este tiempo, las relaciones se han ido deteriorando y el tribunal, antes un órgano a salvo de luchas partidistas, y en particular su presidenta se han visto acusados de actuar al servicio del Gobierno y de incluso estar haciendo dejación de sus competencias para favorecerle.

A la reunión de ayer acudieron el vicepresidente del órgano auditor, Jesús Álvarez, y el consejero José María Gorordo, nombrados ambos a propuesta del PNV; Rafael Iturriaga, propuesto por el PSE, y de Gonzalo Vera-Fajardo, por el PP.

Fuentes parlamentarias participantes en la reunión dijeron que ésta resultó totalmente estéril, con algún indisimulado enfado incluso, y que las cosas siguen "como estaban o peor".