Dar y pedir cuentas

El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, acusó al ministro Pérez Rubalcaba de pedir cuentas a los demás en lugar de rendirlas sobre la aplicación al etarra De Juana Chaos de un régimen de prisión atenuada. El reproche es injusto. En el debate parlamentario de ayer, Rubalcaba lanzó reproches retrospectivos al PP, pero dio razones de su decisión que resultaron más claras y convincentes que las de su contrincante.

El Gobierno se enfrentaba al chantaje de libertad o muerte de un De Juana dispuesto a dejarse morir. En lugar de ceder, el Gobierno buscó una vía de entre las permitidas por la ley que evitase tanto la liberación del preso como su muerte, de la que habrían derivado males mayores (incluyendo otras posibles muertes). Y lo hizo de manera que quedase a salvo la autoridad del Estado: el preso sigue preso, aunque cumplirá lo que le queda de la sentencia en un régimen penitenciario adecuado a las circunstancias. Rubalcaba evitó añadir a esas razones otra que también ha influido: el error inicial de ceder a la presión emocional de quienes exigían al Gobierno buscar motivos de imputación que evitaran la salida del preso tras haber cumplido su condena.

Son razones de peso. Zaplana les opuso el argumento de que la mayoría de los ciudadanos están en contra del trato otorgado a De Juana. No hay duda de ello, pero el criterio de mayoría no es aplicable cuando se trata de un dilema como el planteado: el Gobierno tenía que elegir entre dos males y asumir el coste político de su opción, y es lo que ha hecho. La política penitenciaria es parte de la política antiterrorista, dijo el ministro, y todos los gobiernos han utilizado el margen de discrecionalidad que les daba la ley para impulsar medidas anti-ETA, como la dispersión para favorecer la reinserción, etcétera. Y al menos desde el Pacto de Ajuria Enea, con el apoyo de la oposición.

Un punto débil de la argumentación del ministro fue olvidar que, a partir de la ruptura de la tregua de Lizarra, el nuevo consenso excluía o relativizaba la búsqueda de salidas negociadas. Pero Zaplana no quiso oír el reconocimiento por Rubalcaba de que había sido esa política de firmeza del PP lo que había debilitado a ETA hasta hacer verosímil un final dialogado.

Rubalcaba recordó pronunciamientos del Gobierno del PP que demostraban que en su momento no consideraban cesiones a ETA medidas legales destinadas a evitar males mayores. También invocó episodios que prueban la negligencia de aquel Gobierno en la aplicación de las medidas penitenciarias destinadas en principio a favorecer la reinserción y que sólo sirvieron para aliviar las condenas de los más caraduras: los que alegaron hacer gimnasia o, como De Juana, haber escrito un libro que resultó ser un panfleto a favor de ETA, para acogerse a las medidas de redención extraordinaria.

De acuerdo con el argumentario más reciente, el portavoz del PP proyectó el asunto De Juana sobre la política antiterrorista del Gobierno para acusar a Zapatero de haberse plegado a las órdenes de ETA con el objetivo de salvar o reanudar el proceso de paz, y de ofender a las víctimas. El debate fue casi siempre desgarrado, a cara de perro. Rubalcaba volvió a evocar la excarcelación anticipada del preso que poco después asesinó a un concejal socialista, y Zaplana no se privó de sacar los GAL y los asesinatos de Lasa y Zabala. Fue visible la congoja de los representantes de los demás grupos. Es difícil no compartirla.