La Xunta abre un duro conflicto legal con las eólicas, del que sólo ha obtenido 20 molinos

La Xunta ha abierto un duro conflicto legal con las principales compañías eléctricas del que, hasta el momento, sólo ha obtenido la futura instalación de 20 molinos de viento (el equivalente a 25 megavatios de potencia).

La batalla legal se ha abierto ante la entrada de la Xunta como accionista minoritario (un 10%) de 10 de los 21 nuevos parques eólicos autorizados este mes, los primeros aprobados por la Consellería de Industria desde que PSOE y BNG gobiernan en la Xunta. La Asociación Eólica de Galicia (EGA), que reúne a todas las grandes eléctricas (Endesa, Fenosa, Acciona, ACS) excepto Iberdrola, ha recurrido el proceso por la vía administrativa y ya anuncia que irá a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo si la Xunta no rectifica su política. "Creíamos que la participación pública en los parques eólicos era un tema ya muy superado", explica Íñigo Muniuzguren, secretario general de la patrinal eólica gallega.

"La Xunta no invierte un euro, obtiene una participación liberada en parques eólicos"

La Consellería de Industria, por su parte, se propone extender y ampliar la participación pública a todos los parques eólicos que se construyan hasta 2012. La previsión es que la Xunta autorice la instalación de unos 2.000 nuevos molinos de viento con una potencia de 2.500 megavatios, de los que entre 200 y 700 molinos serían de propiedad pública. La empresa pública que particpa en las nuevas concesiones eólicas es el Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

"Lo que buscamos es un nuevo modelo de explotación energética para Galicia en el que una parte de los recursos naturales reviertan en beneficio público de todos los ciudadanos", explicó ayer una portavoz de la Consellería de Industria. Este departamento ya ha anunciado que el viernes presentará su nuevo modelo eólico, un proyecto de Ley que quiere discutir con todos los agentes implicados en el negocio (empresas eléctricas, propietarios de montes con buenas condiciones de viento, sindicatos y fabricantes de componentes eólicos).

"Estamos abiertos a discutir la participación pública en el negocio eólico, pero siempre que sea para los futuros parques y cuando la Xunta especifique cómo quiere regularla. Ahora mismo, más que una inversión pública es una participación liberada", subraya el secretario general de la EGA.

Las principales compañías eólicas que operan en Galicia ya disponen de estudios jurídicos encargados a las principales consultoras españolas, como Uría y Menéndez, Garrigues y Cuatrecases. La opinión obtenida de sus juristas es que la Xunta podría incurrir en un fraude de ley, "ya que una Administración Pública no puede ser juez y parte; no puede convocar un concurso para dar permisos y dárselos a sí misma, sin libre concurrencia".

Galicia es, en este momento, la autonomía española con más parques eólicos de España y la sexta potencia mundial en producción de electricidad procedente del viento.