Los alcaldes piden que la prohibición de construir en la costa no exceda de dos años

La federación de municipios de Galicia realizó ayer un esfuerzo de última hora para rectificar la ley de medidas urgentes del litoral, que impedirá construir a menos de 500 metros del mar. Una delegación de la federación se entrevistó por separado con los portavoces de los tres grupos parlamentarios, a los que trasladaron una propuesta de seis enmiendas, entre ellas la que propone que el bloqueo a la construcción en la franja costera no exceda de dos años. BNG y PP abogaron por reducir el plazo. El proyecto legislativo echa hoy a andar en el Parlamento.

El proyecto de ley establece un plazo de suspensión de la construcción en la costa de dos años prorrogables a un tercero. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sostiene que, tal y como está redactado el proyecto, la moratoria podría prolongarse hasta cinco años, un período que el presidente de la federación, José Crespo, consideró inaceptable, por las repercusiones económicas que tendría para los ayuntamientos.

La Fegamp solicitó a los grupos que enmienden el texto, ya que el trámite de urgencia que la ley sigue en el Parlamento le impidió hacerlo. Ayer, Crespo y otros dos miembros de la ejecutiva de la federación de municipios, el socialista Manuel Lagares y el nacionalista Francisco García, solicitaron a los grupos que defiendan en el Parlamento su postura, que consideraron consensuada en la Fegamp.

Con las garantías que reclama de que la prohibición no excederá los dos años, la federación trata de blindar un compromiso de la Consellería de Política Territorial respecto al futuro Plan de Ordenación del Litoral, que será el que defina la franja de protección a lo largo de toda la costa. "Queremos que el plan del litoral se tramite con la máxima agilidad", precisó José Crespo. El Parlamento gallego debatirá hoy la toma en consideración de la ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral, que pretende evitar que sigan proliferando las edificaciones en la franja costera en tanto no esté listo el plan del litoral.

Resquicios legales

Antes de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Xunta, la Fegamp logró reducir de cuatro a tres años el límite máximo de esta medida que Política Territorial admite como provisional. Sin embargo, el texto aprobado por el Consello de la Xunta no satisface los intereses de la federación municipalista, que interpreta que existen resquicios legales para llegar a los cinco años de moratoria.

El BNG se sumó a la petición de la federación, y presentó una enmienda en la que reclama suprimir la posibilidad de prorrogar la prohibición un tercer año. El grupo popular, mientras, aseguró que las reclamaciones de la Fegamp ya figuran en sus enmiendas, en tanto que el PSOE se felicitó de "compartir" con la Fegamp la filosofía del proyecto, pero no quiso adelantar si se sumaba a sus reclamaciones.

Respecto al alcance de la medida, los alcaldes quieren que la prohibición afecte a los municipios de menos de 5.000 habitantes que no hayan adaptado su planeamiento a la ley del suelo. "La Fegamp pretende con esta enmienda proteger a todos los ayuntamientos gallegos costeros, no sólo a los de más de 50.000 habitantes", según explica en la copia de las enmiendas distribuida ayer entre los grupos parlamentarios.

Las otras cuatro enmiendas fueron calificadas por José Crespo de "técnicas", para buscar mayor agilidad y claridad, en unos casos, o para permitir en otro que la Federación Galega de Municipios e Provincias esté representada en el consejo rector del futuro Instituto de Estudios Territoriales, que figura en ley de medidas urgentes. La federación pretende que el texto detalle con mayor claridad que los ayuntamientos también podrán recurrir a expropiaciones de suelo.

Las entrevistas de la delegación de la Fegamp con los portavoces parlamentarios no se ciñeron a la ley de medidas urgentes. Crespo, Lagares y García también plantearon a los diputados la necesidad de reformar la Ley del Suelo de Galicia, del año 2002, para eliminar las restricciones que afectan a los núcleos rurales, y que están provocando que numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas gallegas pierdan subvenciones de la Unión Europea. El núcleo rural es un tipo de suelo característico de Galicia a medio camino entre el urbano y el rústico, para el que la ley establece una protección que impide a los ayuntamientos conceder licencias para ampliaciones.

"Es una asignatura pendiente que siempre ha tenido la Ley del Suelo", aseguró el presidente de la Fegamp. La próxima comisión ejecutiva de la federación, que se celebrará el 26 de marzo, aprobará un documento conjunto sobre la reforma propuesta, que se remitirá a la Consellería de Política Territorial. Todos los grupos parlamentarios se comprometieron a estudiar la propuesta, pero fue el del BNG el que fue más lejos en su apoyo, que garantizó.