Vigo pone límite a la negociación de su plan

El Ayuntamiento de Vigo ha puesto límite a las negociaciones con la Consellería de Política Territorial para la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, rechazado por la Xunta. Antes de que acabe el mes de marzo, y el día 28 como muy tarde, el Pleno municipal someterá a votación el texto modificado a instancias de Política Territorial, lo que abrirá un plazo de un mes para que la consellería decida aprobarlo definitivamente o volver a rechazarlo.

El anuncio lo realizó el concejal de Urbanismo de Vigo, José Manuel Figueroa, a la misma hora a la que el director general de Urbanismo de la Xunta, Ramón Lueje, negociaba con una delegación de técnicos del ayuntamiento las modificaciones del Plan General.

Figueroa recordó la importancia de contar con el nuevo planeamiento "cuanto antes", y reiteró el interés del Ayuntamiento de Vigo de que el documento esté aprobado antes de las elecciones municipales del 27 de mayo. Sobre la posibilidad de que la Xunta opte por una aprobación parcial del documento, el edil de Urbanismo expresó su deseo de que, en ese caso, sea una aprobación "lo más amplia posible". "Y cuanto antes se apruebe el plan, mejor", subrayó.

Las negociaciones entre la Consellería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Vigo, mientras, se estancaron ayer, después de los avances conseguidos en la última reunión. La documentación aportada por las autoridades municipales no recoge cambios en las clasificaciones del suelo que la Xunta considera "erróneas". El documento que Vigo quiere aprobar este mismo mes sigue careciendo además de los informes preceptivos de Costas del Estado y de la Dirección General de Ferrocarriles, según fuentes del departamento que dirige María José Caride.

La reunión, que se prolongó durante más de tres horas, sirvió para analizar criterios de programación y estrategias de actuación del Plan General, pero quedan pendientes de próximas reuniones "otros cambios en la clasificación del suelo, la visión de conjunto del documento o la aplicación de los informes sectoriales", según Política Territorial, que instó al ayuntamiento a introducir las modificaciones que le exigió en su informe preceptivo.