CPV siguió vendiendo casas sin dinero ni terrenos

A finales de 1999, según la fiscalía, los acusados por la estafa de la CPV se encontraron con que habían recibido por adelantado 37 millones de euros de familias humildes, que el plazo de entrega de las casas se acercaba y que ni siquiera tenían terrenos en los nuevos barrios del norte de Madrid para levantarlas. Y lo que es peor: tampoco podían comprar terreno en la zona porque su precio, fruto de la especulación, era muy elevado.

La empresa estaba en quiebra técnica, especifica el fiscal. Es entonces cuando los acusados "se conciertan" con la única mujer inculpada en esta causa: Adelina Erles. Adelina se ofreció, a cambio de 973.000 euros, para conseguir documentos con los que "aparentar" que CPV tenía terrenos allí.

Erles contactó con el también acusado Alfredo Vázquez, quien se encargaría de tratar de inscribir en el registro terrenos que no eran suyos. Obviamente, el registrador no los inscribió, y eso que los acusados simularon compraventas con sociedades fantasma de por medio. La idea era aparentar, ante la junta de compensación de los PAU y ante las familias que esperaban sus casas, que eran dueños de terrenos. Trataron de timar a la firma Cenavi, a la que mostraron una escritura como si CPV fuese dueña de 40.000 metros en esos PAU. Cenavi no cayó en la trampa.

Con 'el agua al cuello'

La junta de compensación terminó llevando a CPV a los tribunales, ya que los auténticos dueños de los terrenos eran Ferrovial, Metrovacesa, Hipercor y Pryconsa. En realidad, en esos PAU sólo quedaba libre un 4% del terreno. Cuando ante la proximidad de la entrega de las casas, septiembre de 2001, se vieron con el agua al cuello, CPV vendió los pocos terrenos que realmente sí tenía en la zona. Pero sólo una pequeña parte del dinero obtenido fue para devolverlo a las familias que pedían el reintegro.

Pese a no tener ni dinero ni terrenos, CPV siguió vendiendo pisos ficticios en la zona y engañando a más familias. Hasta que EL PAÍS destapó el fraude y, el 6 de noviembre de 2002, los acusados acabaron en la cárcel.