Montilla pone sordina a las divergencias entre sus socios de Gobierno en sus 100 primeros días

Los primeros 100 días del Gobierno de José Montilla no han tenido el prescriptivo periodo de gracia. El nuevo Ejecutivo catalán quiso marcar desde el principio diferencias cuando menos semánticas con el de su predecesor, Pasqual Maragall. Pasó a denominarse de Entesa y huyó de la anterior etiqueta de Esquerres i Catalanista. Pero nada de eso evitó que naciera estigmatizado por el pecado original de que sus padres fuesen los mismos actores -PSC, Esquerra e Iniciativa- que forjaron el Ejecutivo de Maragall. Quizá por ello, el Gabinete de Montilla ha querido desde el principio poner más empeño en transmitir una imagen de cohesión, calma y equilibrio interno que en publicitar su obra de Gobierno, centrada en las políticas sociales.

El Ejecutivo recurrió ante el Constitucional el decreto del castellano, pero no la ley de Dependencia

El tripartito ha iniciado el despliegue estatutario con la comisión bilateral y la económica

Así, dentro y fuera del Ejecutivo se destaca como su activo más importante de estos 100 días el haber evitado el ruido propio que fue la banda sonora del periodo maragallista, poniendo sordina a cualquier divergencia con sus socios. Bien es verdad que a toda esa entropía no fue ajeno el mercadeo político generado por la redacción del nuevo Estatuto catalán.

Con estos mimbres ha echado a andar el segundo intento de la izquierda catalana por demostrar que es posible la alternancia en Cataluña, tras 23 años de poder pujolista. El enunciado del estilo silencioso lo expresó Montilla en su toma de posesión: "Pensar ordenadamente, actuar racionalmente y atender cálidamente". Con ello el presidente quiso enfatizar el programa social de su predecesor (Ley de Servicios Sociales, Ley del Derecho a la Vivienda y ampliación de la Ley de Barrios); rebajar la tensión con España (el presidente asistió en Madrid a la celebración del Día de la Constitución) y rehuir los debates identitarios que tanto dañaron la cohesión del anterior tripartito. La apuesta social del Gobierno quedó patente también en el discurso de fin de año del presidente, retransmitido desde el hospital público de Mataró. Y todo ello con un debate por el desarrollo del Estatuto que la estrategia y presión del Partido Popular mantiene en primera línea de la escena política.

De hecho, la carpeta del Estatuto sigue ocupando un lugar privilegiado en la mesa del presidente. De esta forma, la primera ley redactada por el actual Ejecutivo fue la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. También se han puesto en marcha la Comisión Bilateral Estado-Generalitat -órgano de coordinación entre gobiernos- y la de Asuntos Económicos, de la que debe surgir un nuevo modelo de financiación.

En abril se constituirá la comisión de infraestructuras, en un momento marcado por el debate sobre las constantes incidencias en el servicio de cercanías de Renfe, debidas a la histórica falta de inversiones, y por el futuro del aeropuerto de El Prat. Para mejorar las infraestructuras ferroviarias, el tripartito ha arrancado al Gobierno central una inversión de 2.100 millones de euros y, respecto al aeropuerto, el compromiso del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de convertirlo en un hub internacional.

Pero las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno tampoco han estado exentas de controversias. José Montilla, satisfaciendo las demandas de Esquerra Republicana, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el decreto de Enseñanzas mínimas que impone una tercera hora de castellano en primaria. El presidente catalán ya pidió a los miembros de la Ejecutiva del PSC que comprendieran ciertos guiños hacia los republicanos para así superar la presión nacionalista de CiU.

En cambio, el tripartito desistió de impugnar la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso con los votos de Esquerra e Iniciativa, después de que el Consejo Consultivo [equivalente al Consejo de Estado] dictaminara que es inconstitucional en un 70%. Las izquierdas catalanas optaron por primar las mejoras sociales que incluye la norma a una más que probable invasión de competencias.

En aras también de satisfacer a Esquerra Republicana, el Gobierno catalán revocó un decreto del anterior y arrebató a los ayuntamientos la gestión de las oficinas de Bienestar Social y los centros cívicos, utilizados en tiempos de Jordi Pujol como plataforma de penetración de CiU en los barrios obreros, tradicionalmente votantes de izquierdas. La medida indignó a los alcaldes socialistas, quienes, sin embargo, tuvieron que tragarse el decreto para así garantizar la cohesión del Gobierno.

En otras ocasiones, sin embargo, Montilla ha impuesto su criterio con mano de hierro con ese estilo suyo discreto pero tajante. Algunos consejeros lo descubrieron los primeros días, cuando el presidente ordenó que en todos los departamentos de la Generalitat ondeara la bandera española. En tres departamentos de Esquerra -Acción Social, Innovación y Universidades y Gobernación- y uno socialista -Educación- sólo estaba izada la senyera. "Las leyes están para cumplirlas", ordenó Montilla. Al mismo tiempo, se dirigió a la Delegación del Gobierno central para que todas las dependencias estatales izaran la bandera catalana, tal como estipula el Estatuto.

También Josep Lluís Carod Rovira, como consejero de la Vicepresidencia y responsable de las relaciones exteriores, ha asumido que la bandera española forma parte de su equipaje cuando viaja al exterior.

Quienes menos han tenido que ceder son los ecosocialistas de ICV. Éstos han logrado postergar dos de los debates que más les incomodan: la interconexión eléctrica con Francia y el Cuarto Cinturón. Decisiones de este calado deberán esperar al menos otros 100 días, casi tantos como los que faltan para las elecciones municipales.