La alternativa del 'escudo' del Parlamento vasco

Da igual que los ciudadanos, según las encuestas, conozcan poco sobre el Concierto Económico vasco y sus virtualidades. Para los políticos y las instituciones vascas constituye la esencia del autogobierno. El diputado del PNV Aitor Esteban lamentaba ayer que fueran diputados vasco en Madrid los que no hubieran impulsado la reforma. Su compañero de hemiciclo, el socialista Ramón Jáuregui, defendía otra vía para el blindaje, utilizar el escudo del Parlamento vasco.

Jáuregui recordó ayer que la fórmula "natural" para solucionar la cuestión sería que, acudiendo a la vía no utilizada de la Ley de Armonización y Coordinación fiscal de 1989, el Parlamento vasco, en lectura única, aprobara todas las normas forales de contenido fiscal emanadas de las Juntas Generales. De esta forma, se convertirían en leyes y sólo podrían ser recurridas ante el TC por el Gobierno central, las instituciones de las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo o 50 diputados o senadores. Sin embargo, Jáuregui sostuvo que esta solución no se aborda por la concepción particular que el PNV tiene sobre el País Vasco y la soberanía de los territorios históricos. En todo caso, señaló que la protección jurisdiccional definitiva de las normas debe abordarse en la eventual reforma del Estatuto de Gernika y de la Ley de Territorios Históricos. El diputado mantiene que el problema se resolvería si ambas leyes establecieran que las normas forales de naturaleza fiscales son leyes.

El debate sobre la conveniencia de blindar las normas forales lleva abierto mucho años. Sin embargo, se planteó con especial fuerza tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en diciembre de 2004 el núcleo del Impuesto de Sociedades de Euskadi, atendiendo un recurso de casación presentado por la federación de empresarios de La Rioja.

El PNV ha defendido siempre la vía de su enjuiciamiento por el Constitucional, pese a que la protección que ofrece es relativa. En ese caso, las normas no podrían ser recurridas por personas físicas y jurídicas, como sucede ahora. Sin embargo, no impediría que fueran impugnadas por los gobiernos y parlamentos de La Rioja, Cantabria o Castilla y León, que lo han hecho anteriormente y han anunciado que lo harán con el nuevo Impuesto de Sociedades.