Pesca propone ampliar la piscifactoría que Política Territorial ordenó demoler

La Consellería de Pesca elabora actualmente un plan en el que se establecen los emplazamientos que cree idóneos para construir piscifactorías en los próximos años. Entre esas ubicaciones, el borrador del documento incluye la ampliación de la planta de Mougás, en el municipio de Oia, que la Consellería de Política Territorial considera ilegal. Sobre esta instalación gestionada por Pescanova pesa una orden de demolición desde 2005 y una juez ha imputado por su construcción a un directivo de la multinacional y a miembros del anterior gobierno de Oia.

La orden de derribo dictada por la Consellería de Política Territorial y la investigación del juzgado de Tui por presunta prevaricación y delito urbanístico no han conseguido parar la actividad y desarrollo de la piscifactoría que la empresa Insuíña, filial de Pescanova, tiene en Mougás. La ampliación de esta planta en 88.000 metros cuadrados está incluida en el borrador del plan acuícola que la Consellería de Pesca ha presentado ya al sector. El departamento de Carmen Gallego alega que la granja forma parte de su proyecto porque no afecta a espacios naturales protegidos y que serán las demás consellerías las que le tendrán que poner posibles reparos cuando se tramite el documento.

La Dirección Xeral de Urbanismo del anterior Gobierno gallego declaró el 10 de febrero de 2005 - cuando Alberto Núñez Feijóo era conselleiro de Política Territorial - que la construcción de la piscifactoría de Mougás era "ilegalizable". Las obras, según la orden dictada por el departamento de la Xunta, se ejecutaron "sin la preceptiva autorización autonómica" y no se ajustaron a la licencia municipal de septiembre de 1999, ya que Pescanova triplicó la ocupación máxima de la superficie y la edificabilidad permitida.

La orden de derribo de febrero de 2005 no se ha cumplido y en este tiempo el Juzgado número 1 de Tui ha abierto una investigación sobre el caso, tras una denuncia presentada por la Guardia Civil. La jueza ha imputado a concejales del anterior gobierno popular de Oia, al aparejador municipal y al director de la filial acuícola de Pescanova. Pese a todas estas incidencias, el anterior Gobierno de la Xunta empezó a tramitar la ampliación de la planta solicitada por Pescanova incluyendo el proyecto en su plan acuícola, aprobado en julio de 2005 cuando ya había perdido las elecciones.

Terrenos privados

El PP impulsó la ampliación de la planta ilegal de Oia y el bipartito de PSOE y BNG ha continuado con el proyecto. Al tomar posesión, la Xunta presidida por Emilio Pérez Touriño anunció que revisaría el plan acuícola del anterior gobierno porque algunas de las piscifactorías previstas invadían terrenos protegidos dentro de la Red Natura por su alto valor ecológico. Esta razón provocó la polémica paralización de la granja que Pescanova pretendía levantar en cabo Touriñán.

El bipartito paró todos los proyectos del plan de acuicultura del PP que invadían en gran medida zonas protegidas por la Red Natura y buscó localizaciones alternativas. El resto de actuaciones las dejó intactas, entre ellas la ampliación de la granja marina de Mougás que la Consellería de Política Territorial ordenó demoler por ilegal. En el nuevo listado de 27 posibles ubicaciones que ha elaborado la Consellería de Pesca se especifica que las nuevas instalaciones de Oia no invadirían terrenos de Red Natura ni hábitats prioritarios, pero se no hace referencia a la situación de ilegalidad urbanística en la que está el recinto ya construido.

"Los terrenos son privados y en una entrevista mantenida con el representante del concello han manifestado la buena disposición para la instalación y espíritu de colaboración", se puede leer en el documento de Pesca. Las fincas, prosigue el borrador del plan, están calificadas como "suelo rústico de proteccion de costas" y se precisa un permiso de la Política Territorial para construir, una autorización que no se otorgó a las instalaciones ya edificadas en la zona. La portavoz de Pesca explica que serán otras consellerías las que decidirán si este proyecto es medioambientalmente viable y si cumple la legalidad.