El anterior Gobierno impulsó el proyecto cuando estaba en funciones

Las contradicciones entre departamentos de la Xunta con respecto a la piscifactoría de Pescanova en Mougás comenzaron ya con el anterior Gobierno de Manuel Fraga. La Consellería de Pesca autorizó la construcción de la planta en julio de 2000, cuando su compañero de Gobierno, el conselleiro de Política Territorial, José Cuiña, le había denegado el permiso a la empresa para levantar el recinto.

A partir de ese momento, las actuaciones de estas dos consellerías en relación con la piscifactoría de Oia tomaron caminos divergentes. Con el sucesor de Cuiña al frente de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, ese departamento dictó en febrero de 2005 una orden para demoler la granja marina de Pescanova y dos meses después incoó un expediente sancionador contra la multinacional por una infracción urbanística grave.

La decisión de Política Territorial de declarar "ilegalizable" la planta no impidió que su compañero en el Gobierno Enrique López Veiga, aún conselleiro de Pesca, incluyese la ampliación de la instalación en su plan acuícola, denominado Plan Sectorial de Parques de Tecnoloxía Alimentaria. Este proyecto fue aprobado por el Consello de la Xunta el 30 de junio de 2005, días después de perder las elecciones.

En aquella reunión, el equipo presidido por Manuel Fraga dio el visto bueno al plan acuícola que incluía la ampliación de la planta ilegal de Mougás, aunque tuvo que convalidar esta decisión al límite de su mandato por varias irregularidades detectadas. Así, el 22 de julio de 2005, 11 días antes de tomar posesión el bipartito, el Gobierno del PP convalidó el documento refundido con ciertas correcciones.

En aquellos días en que el equipo de Fraga gobernó Galicia en funciones, se aprobó otra decisión relacionada con la piscifactoría de Mougás. A finales de julio de 2005, la Dirección Xeral de Recursos Mariños, dirigida entonces por Carmen Bouso Montero, sometió a exposición pública el estudio de impacto ambiental y el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para un cambio de actividad en la planta de Pescanova.

El bipartito continúa ahora la tramitación de estos documentos, que están pendientes de recibir los informes de las consellerías de Pesca, Medio Ambiente y Política Territorial, según explica el Gobierno gallego. Desde Pesca aseguran que no pueden suspender este proceso administrativo.