El Defensor del Menor advierte que falla la inspección de las guarderías

"Algo falla cuando no se detectan casos como éste". El defensor del menor, Arturo Canalda, advirtió ayer que Educación debe mejorar sus inspecciones en las guarderías para detectar casos como el grabado por Tele 5 en un jardín de infancia donde supuestamente se obligaba a menores a comerse sus propios vómitos. Canalda también considera que él mismo "podría haber hecho más". Educación asegura que los centros para niños de 0 a 3 años -750 privados y 350 públicos- se inspeccionan "cuatro veces" al año. Profesionales del sector, CC OO y la oposición sostienen que el control es menor.

El Borreguito Azul, la guardería que investiga el fiscal por un presunto caso de maltrato, desató ayer nuevas críticas. "No hay sistemas de alerta" para detectar errores en las escuelas infantiles, aseguró el defensor del Menor, Arturo Canalda. "La inspección actúa después de recibir una denuncia, pero necesitamos un sistema para detectar casos por nuestra cuenta y con agilidad".

Canalda compareció ayer en la Asamblea de Madrid para hacer un balance de sus primeros cuatro meses de gestión. Centró gran parte de su intervención en el caso destapado por el programa Diario de, de Tele 5. Una periodista grabó con cámara oculta una guardería en la que una menor era obligada a comer su vómito, entre otro tipo de castigos, que han provocado el cierre cautelar del centro. Canalda reconoció en la Asamblea que "fallaron los sistemas de control", informa Servimedia.

También hubo autocrítica. El defensor admitió que "a lo mejor" debió hacer "algo más" para seguir la denuncia, como incluir en el sistema de seguimiento de expedientes de la institución "alguna alarma" que avisara de que el video aún no les había llegado. Canalda, que vio las imágenes en diciembre, sostiene que pidió entonces el video a Tele 5 para denunciar ante la fiscalía. La cadena lo niega.

El Defensor reclama "más inspecciones y medios". Según datos de la Consejería de Educación, cerca de 180 funcionarios vigilan todos los centros educativos de Madrid. Los inspectores visitan las escuelas infantiles de primer ciclo -con niños de 0 a 3 años-, "cuatro o cinco" veces por año lectivo, según el consejero de Educación, Luis Peral.

"Auditoría específica"

La oposición, los sindicatos y portavoces del sector rechazan ese dato. "No existe un plan sistemático de inspección en guarderías privadas como en otro tipo de centros, como residencias de ancianos", sostiene el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas. Los socialistas piden "una auditoría específica y sistemática" de las guarderías.

"La inspección educativa es muy escasa, no sólo en infantil", considera el diputado de IU, Jorge García. Éste critica la privatización "a toda costa" de la Comunidad. Según Educación, en Madrid existen 750 escuelas infantiles privadas frente a 350 públicas.

Desde CC OO critican el "descontrol". "No se producen cuatro inspecciones anuales ni en la privada ni en la pública", sostiene el portavoz de Escuelas Infantiles del sindicato, Bernardo Fuentes. Éste pide a Educación que vigile especialmente "las matrículas reales de alumnos en los centros privados, el número de profesionales que tienen y su nivel de cualificación". Su sindicato advierte en un comunicado que "el negocio de las guarderías privadas medra de la mano de la falta de escuelas públicas".

"Los centros de educación infantil pasan inspecciones periódicas de los inspectores de la administración", asegura por su parte Jesús Núñez, presidente de Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), que representa al 90% del sector privado en España. "Queremos transmitir tranquilidad y confianza a los padres", añade. El sector "está indignado" por lo que se muestra en el reportaje de Tele 5, que consideran "una excepción" que daña su imagen.

Para los representantes del sector público, "el fondo del problema" es la falta de plazas de 0 a 3 años. Carmen Ferrero, miembro de la junta de portavoces de las escuelas públicas, critica la "dejadez" de Educación en el seguimiento de "los 25.000 niños" que cada año se quedan sin plaza pública.

"Hace muchos años que nosotros denunciamos al Defensor y a Educación la escasez de plazas y las malas condiciones", añade Ferrero. La junta de portavoces está formada por 23 miembros de centros públicos elegidos por votación. "No tenemos datos para rebatirlo pero ni se hacen todas las inspecciones ni se hacen bien", añade Ángela Solano, directora de una escuela infantil municipal en Móstoles y miembro de la junta, con 27 años de experiencia.

"La vigilancia está en manos de los mismos inspectores de primaria, que no tienen formación suficiente para entrar en los proyectos de la educación infantil", explica. Solano considera que hay "una falta de conciencia social" sobre los derechos de los niños. "Luego nos quejamos de los problemas de los adolescentes, parece que sólo importa el bulling o si se debe dar o no religión, pero se nos olvida trabajar bien con los chavales desde que son pequeños", concluye.