La Xunta endurecerá la inspección y las multas a las empresas por vertidos ilegales

El Gobierno gallego movilizará a 200 personas para combatir los vertidos ilegales en los ríos y el mar provocados por industrias y ayuntamientos. La Consellería de Medio Ambiente realizará de forma "inmediata" inspecciones "aleatorias" en las empresas con antecedentes de contaminación y enviará a técnicos para que revisen las instalaciones de depuración de estas plantas. El bipartito promete endurecer las sanciones, acudir a la Fiscalía y erradicar la "vista gorda" que practicaba la anterior Xunta. Pagar la multa, advierte, dejará de ser más rentable que financiar tecnología para no contaminar.

La imagen del Umia teñido de azul turquesa puso en evidencia el pasado septiembre la amenaza diaria con la que conviven los ríos gallegos. El vertido químico causado por la multinacional Brenntag provocó la muerte de miles de peces, según Greenpeace, y la elaboración de un plan por parte de la Xunta para intentar que la catástrofe no se repita. Las medidas previstas por la Consellería de Medio Ambiente incluyen más inspecciones en industrias privadas e instalaciones de competencia municipal (sobre todo depuradoras de aguas residuales y mataderos), sanciones más duras para quienes incumplan la legislación y subvenciones para que las empresas mejoren sus sistemas de depuración.

"Los agentes públicos y privados que reiteradamente incumplan las recomendaciones de esta consellería se encontrarán con sanciones contundentes", advierte el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, quien recuerda que las multas por vertidos ilegales pueden alcanzar los 600.000 euros. El Gobierno gallego será más exigente con los requisitos que se le imponen a las empresas para poder verter. A aquellas empresas que no respetan las condiciones recogidas en los permisos que la Xunta les ha concedido para efectuar derrames, se les obligará a instalar un equipo automático que mida en tiempo real la carga contaminante de sus emisiones.

Para controlar el estado de los ecosistemas fluviales, la consellería recogerá además de manera continua datos sobre la limpieza de los cauces y rías, unos análisis que podrán ser consultados por los ciudadanos en su página web. Con todas estas medidas, la Xunta se propone cumplir el mandato de la Unión Europea que insta a que las aguas de Galicia cumplan en 2015 unos determinados parámetros de calidad. Y lo hará, afirma, "sin lesionar a las empresas". El proceso para reducir la contaminación en las rías y ríos del país tendrá, en palabras del conselleiro, tres pasos: "Advertencia, colaboración y sanción". De las 200 personas que conformarán la unidad de control de vertidos que creará la consellería, 24 se dedicarán a visitar las industrias para revisar sus sistemas de depuración y recomendarles los cambios precisos para adaptarse a la normativa. En caso de que la empresa en cuestión desatienda estos consejos de la Xunta, se le impondrán sanciones.

"Si la unidad de control ve que la empresa está en la estrategia de pagar la multa y seguir es que nos está tomando el pelo", argumenta Vázquez, quien no descarta retirar la autorización de vertido a las firmas que persistan en su actitud contra el medio ambiente. Toda la información recabada por estas inspecciones será remitida a la Fiscalía por si el comportamiento de la empresa pudiese tratarse de un delito.

La inspección empezará, pues, por las empresas reincidentes. Según la consellería, algunas de las industrias a las que la Xunta impuso multas en los últimos años continúan infringiendo la normativa. El responsable de Medio Ambiente sostiene, con todo, que este grupo de sociedades contaminantes está integrado por una minoría y tranquiliza al resto del empresariado gallego: "No pagarán todos por unos que son los que siempre incumplen", subraya Vázquez. "No vamos a meter un decreto que cierre empresas".