Ulla, Umia y Sar, en la UVI

Las rías y cauces de Galicia están amenazados por 4.590 puntos de vertido y sólo la mitad de estos derrames cuenta en estos momentos con una autorización administrativa. Así consta en el inventario realizado por la Consellería de Medio Ambiente, un diagnóstico previo de la situación que revela cuál es el origen de estas emisiones que el bipartito quiere ahora minimizar. La mayor parte (3.231) proceden de depuradoras de aguas residuales, mientras que el resto se reparten entre los vertidos generados por industrias (1.056) y los relacionados con la actividad agroganadera, las aguas pluviales y las de refrigeración.

No todo el territorio de Galicia se reparte por igual la carga contaminante de estas instalaciones. Los ríos más castigados son el Umia, el Ulla y el Sar y para atajar sus problemas la Xunta pondrá en marcha dentro de cuatro meses un programa especial de regeneración. Estos cauces, admite el conselleiro, Manuel Vázquez, están "en la UVI". La cuenca del Ulla es el lugar de la comunidad que sufre los efectos de más puntos de vertido, en total 509, seguido de la ría de Arousa, con 211, del río Tambre, con 261, de la ría de Vigo, con 190, y del río Mero, con 110. Por provincias, es A Coruña la que acoge el 34% de estos focos de emisión al agua, el 25% está en Pontevedra, el 22% en Ourense y el 19% en Lugo.

Multas

"No era correcta la actitud del Gobierno anterior, que decía que todo estaba bien", lamentó ayer Vázquez. El responsable socialista asegura que de los 453 expedientes sancionadores abiertos por la Xunta desde el año 2000, casi la mitad (213) fueron incoados por el bipartito. La mano dura con la contaminación en los ríos y el mar, promete Medio Ambiente, continuará.

La mayor parte de las multas se impusieron en este tiempo por vertidos en el río Ulla (87), en la ría de Arousa (48), en la ría de Vigo (41), en el Umia (30), en el Tambre (22), en la ría de Pontevedra (13), en el río Anllóns (13) y en el Mandeo (12). El decreto que regula estas emisiones impone sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 600.000 euros, aunque las más elevadas "prácticamente" no se aplicaban hasta ahora, según explicó el conselleiro de Medio Ambiente.

La unidad de control que creará la Xunta para evitar vertidos ilegales en los ríos y en la costa estará integrada por más de 200 personas. En el equipo estarán 24 técnicos que supervisarán las instalaciones de depuración de las empresas y les propondrán mejoras, 150 vigilantes medioambientales de conservación de la naturaleza y 32 guardias fluviales del organismo Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Este personal será el encargado de localizar e identificar los derrames contaminantes.

El Gobierno gallego se propone implicar a los ciudadanos en la lucha contra los vertidos no autorizados y para ello creará un servicio de alerta para que los vecinos denuncien cualquier incidencia.