La reforma de la LOU, otra oportunidad perdida

Tras su paso por el Congreso de los Diputados, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) pone de manifiesto que, también en la educación superior, el PSOE ha olvidado sus promesas electorales y se ha limitado a plantear una reforma pacata, alicorta, que sólo corrige los rasgos más aberrantes introducidos por el PP en su LOU, pero sin tocar el resto.

Ciertamente, en el caso de la reforma de la LOU, sin la presión clerical en la calle, el Gobierno no ha hecho las concesiones contra la educación pública y laica que hiciera en la LOE. Pero una reforma progresista en pro de una Universidad pública de calidad, democrática, crítica y socialmente comprometida, queda pendiente para mejor ocasión, a la espera de una mayoría de izquierdas capaz de impulsarla.

Se mantiene el elitismo con la exigencia de que la mayoría del claustro sean funcionarios doctores de los cuerpos docentes

Así, la reforma de la LOU suprime determinadas agresiones contra la autonomía universitaria, devolviendo al Consejo de Gobierno funciones que el PP había asignado a unos Consejos Sociales controlados desde el poder político. Pero mantiene el elitismo en la representación del profesorado, con la exigencia de que la mayoría del claustro sean "funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios", sin garantizar ningún mínimo de representación para el resto del profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios, manteniendo así la discriminación de estos sectores impuesta por el PP y que nos retrotraía a prácticas del franquismo, con el propósito aparente de primar a los sectores supuestamente más conservadores.

Aquello no le salió bien al PP, dado que la mayoría de los antiguos profesores no numerarios (PNN) que lucharon contra el franquismo ya eran funcionarios doctores, y en muchos casos han continuado proporcionando mayorías progresistas en claustros y elecciones a rector. El PSOE parece encontrarse cómodo en esta situación, aunque suponga la marginación de los nuevos contratados. Y en vez de garantizar una representación adecuada del estudiantado en claustros y órganos de gobierno, pretende imponer la creación de un consejo cupular de estudiantes contra la opinión de la mayoría de sus organizaciones.

Asimismo, la reforma de la LOU, al tratar de forma equivalente becas, ayudas y créditos para el alumnado, no garantiza un sistema de becas-salario, ni el carácter complementario y público de unos créditos que tampoco vincula a la renta ni en su concesión ni en su devolución. Ello cuestiona que se pueda hacer realidad el principio de que "nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas".

Por otra parte, aunque se suprime alguna traba aberrante para la carrera docente (como la que exigía una desvinculación durante dos años de la universidad donde el profesor se formaba), añade una nueva al impedir a los doctores el acceso a plazas de ayudante, y continúa planteándola como una carrera de obstáculos, exigiendo acreditación externa incluso para el paso de ayudante a la categoría de ayudante doctor, una vez obtenido este título.

Tampoco prevé una solución definitiva para la estabilidad del antiguo profesorado LRU, y aunque sustituye la restrictiva habilitación por un sistema más racional de acreditación basado en méritos para el acceso al funcionariado docente, renuncia a una transformación a fondo de su estructura: elimina únicamente el cuerpo docente de no doctores (TEU), que queda a extinguir con merma de sus derechos, pero mantiene separados los obsoletos cuerpos de titulares de Universidad y catedráticos de Universidad, con las mismas funciones académicas, en vez de configurar un cuerpo único de profesorado universitario doctor, con promoción interna basada en méritos.

Finalmente, no se garantiza una financiación suficiente que pueda hacer realidad la convergencia en un Espacio Europeo de Educación Superior que esté efectivamente centrado en la renovación pedagógica y no en la subordinación a los intereses del mercado, reduciendo aquélla a una declaración de intenciones basada en el voluntarismo del profesorado. Y, en vez de garantizar el carácter público de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, se introduce una ominosa cláusula para facilitar al profesorado su incorporación a empresas para explotar dichos resultados, abriendo así una nueva vía de privatización.

En definitiva, aunque esta reforma de la LOU represente un pequeño retoque respecto al grave retroceso que impuso el PP, de no corregirse en lo que resta del trámite parlamentario, supone una nueva frustración y resulta claramente insuficiente para avanzar con decisión hacia la Universidad pública que necesitamos en el siglo XXI, por la cual habrá que seguir luchando desde las aulas y desde las instituciones.

Rafael Pla es profesor de la Universidad de Valencia. Loles Dolz es coordinadora del Área Federal de Educación de IU. Alicia Durán es profesora de Investigación del CSIC y Jaime Pastor es profesor de la UNED. Además, firman este texto Jacinto Navlet, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Juan Diego Betancor, profesor de la Universidad de La Laguna, José Palazón y Ángel Ponce, sindicalistas de CC OO y Víctor Domínguez, profesor de la Universidad de Alicante.