El enfado del 'síndic'

El alcalde de Calafell (Baix Penedès) pasó ayer un mal rato. La institución del Síndic de Greuges mostró por primera vez en su historia su cara más agresiva al visitar el Ayuntamiento que preside Joan Olivella (CiU) acompañado de la prensa para pedirle cuentas sobre una docena de quejas a las que el consistorio no da respuesta desde hace tiempo. "Tras las quejas hay personas, y tienen derecho a que la Administración les responda. El Síndic usará todos los mecanismos de los que disponga", dijo Matias Vives, responsable de ordenación del territorio y relaciones locales del organismo.

Vives y cinco técnicos del Síndic entraban ayer en el consistorio. Iban, con sus maletines y trajes oscuros, a reunirse con el alcalde y a pedirle respuesta a expedientes como la situación urbanística de una urbanización, quejas por ruidos en la vía pública, sobre contrataciones en la Policía Local y sobre el cobro indebido del recibo del agua que, una a una, pueden parecer de escasa envergadura para movilizar a esta institución, pero que arrastran entre uno y tres años de antigüedad.

Vives recordó que la ley obliga a todas las administraciones a responder a las peticiones del Síndic. Otra cosa son las recomendaciones que hace la institución para impedir fallos futuros, que no son de obligado cumplimiento. Por eso, la única arma efectiva de la institución que preside Rafael Ribó es el escarnio público que supone para cualquier organismo aparecer en su informe anual bajo el epígrafe administración no colaboradora. Otra es la vía legal, que jamás se ha usado en Cataluña.

El Ayuntamiento de Calafell aparece en el informe del 2006 en el top ten de las administraciones que no han hecho caso al Síndic. "No lo entiendo. Supongo que será producto del azar. Me ha dolido mucho", dijo Olivella, quien dejó caer incluso que la visita de los representantes del Síndic podría tener "connotaciones políticas". Vives aseguró que los ayuntamientos de Barcelona, Berga, Esparreguera y Calella, y la Delegación de la Generalitat en el Camp de Tarragona también figuran en la lista negra del Síndic.

Olivella explicó que el consistorio ha abierto expedientes sancionadores a bares por exceso de ruido, que se modificó el proceso de contratación de agentes locales y que el consistorio ha remitido recientemente al Síndic la documentación del resto de casos. "El otro día inauguramos un parque para un nuevo modelo de ciudad y no salió en ninguna parte. Y hoy esto", se lamentó el alcalde, que lleva apenas 16 meses en el cargo y, por tanto, buena parte de los casos se iniciaron antes de su llegada a la alcaldía.

Del encuentro entre Olivella y el equipo de Vives, que fue tenso, el Síndic arrancó el compromiso del consistorio de reunir toda la documentación necesaria para cerrar los casos antes de un mes.