Los promotores aseguran que la LUV está "supercorregida"

La Asociación de Promotores Urbanísticos de Valencia vieron en la nueva visita de los eurodiputados una amenaza de cara a la campaña turística que comienza ahora. El único asunto vivo en materia urbanística que está pendiente de una resolución de la Comisión Europea es en qué medida el contrato de adjudicación de la obra del PAI (Programa de Actuación Integrada) de la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV) tiene una naturaleza administrativa o especial. "Y es una cuestión muy técnica que no afecta a los ciudadanos", defendió el asesor jurídico de la asociación, Carlos Cañeillas. Éste agregó que la ley estatal del Suelo, en proyecto, no implicará ningún cambio sustancial en cuanto a la naturaleza de los contratos. Según el abogado, la cuestión de los abusos "está zanjada", pues la LUV "está supercorregida" y la Comisión Europea -órgano ejecutivo de la UE- desestimó en su día las objeciones del Informe Fourtou. "Si vienen a ver infracciones estamos a tope con ellos", agregó el jurídico. "Si la Administración lo ha hecho mal y algún promotor ha influido en ese mal, que le caiga la ley", añadió el portavoz de la asociación, Benjamín Muñoz.

Los promotores insisten en reunirse con los eurodiputados para explicarles su opinión. El pasado 12 de febrero enviaron una carta a la Comisión de Peticiones del PE con este propósito. "Y no nos han respondido", dijo Muñoz. Este dirigente criticó con dureza la alarma que creó la anterior visita de la delegación de eurodiputados, en 2005 y, coincidió con el Consell en que esta nueva visita puede afectar negativamente las ventas del sector.

El asesor jurídico negó rotundamente que la cuestión viva todavía en la CE -esta inició un procedimiento contra España porque la LUV incumplía las directivas sobre contratos públicos- influya en los costes de urbanización o en la transparencia del proceso. Sí reconoció que con la LRAU -ley derogada en febrero de 2006- el pequeño propietario, aunque disponía de procedimientos de defensa frente a los abusos, podía tener más difícil la defensa de sus intereses, pero insistieron en que la nueva ley ofrece más garantías.

Los hoteleros de Benidorm y Costa Blanca terciaron también en la polémica. La patronal Hosbec, que dirige Pere Joan Devesa, defendió que la visita es "muy perjudicial para los intereses económicos y sociales" de los destinos turísticos valencianos. La organización se mostró convencida de que la misión es "un paso más" en la campaña desarrollada "por diferentes grupos políticos contra la imagen turística" de la autonomía y aseguró que no se puede consentir "que actuaciones como ésta puedan crear dudas sobre la imagen y la industria turística" valenciana.