Recusado un perito sobre explosivos por ser dirigente de la AVT

El abogado de una de las acusaciones particulares recusó ayer por falta de imparcialidad a uno de los ocho peritos que está participando en los análisis periciales de los restos de explosivos hallados durante las pesquisas de los atentados y que fue encargado por el tribunal del 11-M. El recusado, el químico Gabriel Moris, es vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y padre de una de las víctimas del tren atacado en la calle de Téllez. Según el letrado Gonzalo Boyé, eso le lleva a incurrir en dos causas de recusación previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El tribunal decidirá sobre la recusación a lo largo de esta semana.

Boyé, que representa a las víctimas Angélica Jérica Cortés y a su hijo menor de edad, considera que Moris puede tener "interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante", según el artículo 468 de la LEC. Este interés quedaría demostrado en el hecho de que Moris es vicepresidente de una de las asociaciones que actúan como querellante en el procedimiento y, además, es padre de una víctima mortal, lo que implicaría ese supuesto interés del recusado en la causa. Moris, además, es un activo participante en las protestas que organizan el día 11 de cada mes los partidarios de la teoría de la conspiración y en las mayoría de las manifestaciones que ha convocado la AVT contra el Gobierno.

En principio, la recusación debería plantearse antes de que comenzara la diligencia pericial, pero Boyé entiende que dicho plazo comenzará a correr cuando la diligencia se examina en la sala de vistas.

Ocho expertos

Gabriel Moris es uno de los ocho peritos designados para analizar los restos de explosivos encontrados en los focos de los explosiones en los trenes, así como los encontrados en la Renault Kangoo, en la única mochila desactivada, en la bomba que los terroristas pusieron en las vías del AVE Madrid-Sevilla y en el piso de Leganés, donde se suicidó el núcleo del comando islamista.

La prueba pericial, que aún no ha concluido definitivamente, está siendo realizada por ocho peritos. Dos pertenecen a la Comisaría General de la Policía Científica, otros dos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (designados por el tribunal), uno por la defensa de Jamal Zougam (que fue a la que se le aceptó la ejecución de la pericia), uno de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, uno de la AVT y, finalmente, otro en representación de una acusación particular.

Inicialmente iban a ser 10 los peritos -las acusaciones que no pidieron la prueba tenían derecho a tener uno cada una- pero finalmente el número quedó reducido a ocho.