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Un crédito para pagar al hospital

Una clínica privada exige 15.500 euros a un paciente que sufrió un infarto en la vía pública

La burocracia está a punto de dejar sin piso a una familia que acude a Cáritas para comer y vestirse. Antonio Rivera, de 54 años, sufrió un infarto en julio de 2004. Salvó la vida gracias a una clínica privada, que lo ingresó en la UCI ante la falta de camas libres en los hospitales públicos. La Consejería de Sanidad admite que es un caso de "asistencia vital" y que deberá asumir los 15.500 euros de la factura. Pero, por un formalismo jurídico, se niega a avanzar el dinero y quiere que el hombre pida un crédito. La clínica, que dice "no entender" a Sanidad, ha llevado la deuda a los tribunales.

"El infarto me dio allí, yo no elegí el lugar", se justifica Antonio

La Consejería de Sanidad abonará la factura cuando la liquide el paciente

"¿Cómo voy a pedir un crédito de 15.500 euros si ingreso menos de 400 al mes?", se pregunta Antonio, indignado y angustiado en el salón del piso de Mejorada del Campo que ahora teme perder.

Tras el infarto, no ha podido volver a trabajar. "Yo era pintor autónomo. Pero no he vuelto a ser el mismo. Se me olvidan las cosas y soy incapaz de organizarme", explica. Nieves, su mujer, le regala una mirada tierna. "Estuvo 35 minutos en parada cardiorrespiratoria y le han quedado algunas secuelas", susurra. "Nada que le impida llevar una vida casi normal, pero lo de trabajar es imposible", añade.

Al ser autónomo, Antonio ingresa poco por su baja laboral, unos 600 euros al mes. De ellos, tiene que pagar 240 para seguir cotizando como trabajador por cuenta propia hasta que un tribunal de la Seguridad Social resuelva qué grado de incapacidad le va a conceder. Con ellos viven una hija con un bebé de 15 meses y un hijo militar.

"Nuestros otros dos hijos tratan de echarnos una mano, pero muchos meses ellos tampoco pueden", relata Antonio. Un documento de Cáritas certifica que la familia "está recibiendo comida y ropa cada 15 días ya que no dispone de ingresos".

En esta situación, la notificación del juzgado de Primera Instancia de Coslada, recibida hace seis meses, cayó como una bomba en la familia. "Si en 20 días no paga ni comparece en este juzgado dando razones de la negativa al pago", avisa el escrito, "se despachará ejecución" para el embargo de sus bienes. De momento, Antonio ha logrado paralizar el proceso mientras espera las gestiones de un abogado de oficio.

"Es que no me puedo creer lo que nos está pasando", musita. Permanece unos segundos en silencio antes de repasar los hechos acaecidos desde el 26 de julio de 2004. "Salí de casa para ir a trabajar a Arturo Soria, en Madrid, donde estaba pintando en una urbanización. Iba siempre por la M-40 y la Gran Vía de Hortaleza, pero aquel día cambié de ruta. No me acuerdo de casi nada. Aparqué junto a la clínica Nuestra Señora de América, salí del coche y caí fulminado", relata con ritmo pausado.

Su mujer toma el relevo: "Los médicos nos dijeron que estuvo 35 minutos en parada cardiorrespiratoria y que casi le daban por muerto cuando lograron reanimarle. Luego lo ingresaron en la UCI, donde estuvo cuatro días". Nieves enseña unos documentos de la clínica y de Sanidad. En ellos se lee una petición del centro privado para que la consejería le traslade a un hospital público, pero ésta contesta que "no hay ninguna cama libre en la UCI" en sus hospitales y solicita que Antonio siga ingresado en Nuestra Señora de América.

Aún no había recibido el alta cuando la clínica presentó la primera factura. "Eran 1.200 euros por un stent", un pequeño cilindro que se introduce en el vaso sanguíneo que ha sufrido el infarto. "Tampoco los teníamos entonces, pero los juntamos entre todos y los pudimos pagar", cuenta Nieves, que admite que Sanidad les devolvió el dinero "muy rápido".

Tras un traslado al hospital de La Princesa por unos problemas respiratorios, Antonio recibió el alta un mes más tarde. "Al principio no sabía ni dónde vivía. Creía que tenía cinco hijos [tiene cuatro] y tuvo que aprender a escribir otra vez", explica Nieves. Antonio empezaba a recuperar su autonomía cuando la familia recibió otra factura de 15.505 euros por el tratamiento recibido. "Nos asustamos mucho, pero fuimos al Ayuntamiento y a nuestro hospital y nos dijeron que era la Comunidad la que tenía que pagar".

El caso de Antonio Rivera es uno de los definidos como "asistencia urgente, inmediata y de carácter vital" por la normativa sanitaria. La ley establece que en estos casos la sanidad pública asumirá los costes de la asistencia sea donde sea. "A mí el infarto me dio allí, yo no lo elegí", se justifica Antonio.

Nieves llevó la factura y todos los documentos al Defensor del Paciente de Madrid a finales de 2004. Este organismo, dependiente de Sanidad y cuyo titular es Juan Ignacio Barrero, debe velar por el interés de los pacientes cuando crean que no se respetan sus derechos en la sanidad pública. "Los presenté pensando que todo se iba a resolver", explica.

Más de dos años ha tardado el Defensor en contestar a la familia, concretamente hasta el pasado 17 de enero. En una carta de seis páginas y cargada de argumentos jurídicos, Barrero admite que la atención a Antonio fue un caso de "urgencia vital", que no se le ingresó en un hospital público porque "no había camas libres en la UCI" y que es la sanidad pública la que deberá hacerse cargo de su asistencia.

Pero el Defensor topa aquí con un obstáculo insalvable que le impide pagar la factura: la normativa habla de "reembolsar los gastos" al paciente, no de pagarlos. Y Sanidad, en una orden interna, precisó al Defensor que "para hacer un reintegro de gastos es imprescindible que el gasto se haya producido", lo que no ocurría porque Antonio no puede sufragarlo. La solución del Defensor es que Antonio pida un crédito y así se lo podrá "reembolsar". "Parece un chiste, pero es verdad", comenta el afectado.

La clínica privada, en una carta remitida al Defensor, muestra su asombro. "No logramos entender por qué desde el Servicio Madrileño de Salud se exige el pago previo de la factura al señor Rivera sabiendo que, finalmente, dicho servicio deberá reembolsárselo", suscribe la clínica.

Pese a ello, el centro se muestra dispuesto a cobrar "a plazos" para evitar que Antonio deba pedir un crédito de 15.050 euros. "Es la solución que les ha dado el Defensor, que yo pida un crédito por menos dinero, que pague a la clínica, y que me devuelvan el dinero y así volver a empezar hasta pagarlo todo. Y yo no puedo asumir los gastos financieros que eso supone", sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de febrero de 2007