Privatizar Santa Bárbara costó 200 millones más de lo aprobado

Las condiciones en que se produjo la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) no se ajustaron a los términos en que la aprobó el Consejo de Ministros, ya que la operación ha tenido un sobrecoste para las arcas públicas de al menos 199,14 millones de euros. Así lo asegura el Tribunal de Cuentas en un informe enviado al Congreso, muy crítico con el proceso de privatización de la empresa de armamento.

El Tribunal de Cuentas asegura que "el proceso de selección del comprador puede entenderse que fue correcto", pero advierte de que "el conocimiento previo por las empresas licitadoras de los compromisos realmente asumidos por SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Indus-triales] con posterioridad hubiese podido influir en la presentación de ofertas más beneficiosas". La ENSB fue vendida a la multinacional estadounidense General Dynamics Corporation (GDC) por cinco millones de euros. También presentaron oferta vinculante de compra la germana Krauss Maffei-Rheinmetall y Unión Española de Explosivos.

Según el Tribunal de Cuentas, el coste de la privatización de ENSB asciende, "hasta el momento" a 499,68 millones, aunque esta cantidad podría incrementarse por los compromisos asumidos por SEPI en aspectos laborales, fiscales y de Seguridad Social, así como si se incumplen las previsiones de rentabilidad del carro de combate Leopard.

En concreto, el informe recuerda que se han incluido en la venta las acciones de dos sociedades (FACOR y FEBESA) que estaban excluidas del acuerdo adoptado el 30 de marzo de 2001 por el Consejo de Ministros, que se adquirieron compromisos de compra de munición por 180,30 millones de euros, que se aportaron 11,17 millones para la protección de la tecnología del Leopard y que se invirtieron 25,69 millones, cuando la cantidad autorizada era sólo de 18,03.

Inicialmente, Industria pretendía basar la privatización en la Operación Campamento, que pasaba por transferir los cuarteles abandonados del oeste de Madrid a una sociedad inmobiliaria de la propia SEPI, Infoinvest, a cambio de hasta 180 millones, con los que el Ejército compraría obuses y munición fabricados por ENSB tras su privatización. Sin embargo, el Ministerio de Defensa se resistió a ceder y este proyecto fue sustituido por el llamado Plan de Municionamiento, "por el que el Grupo ENSB sumistraría a SEPI munición por un periodo de seis años". Según el Tribunal de Cuentas, esta decisión "modificaba las cláusulas del contrato privado, sustituyendo un compromiso que carecía de consecuencias económicas para SEPI por una obligación de 180,30 millones de euros".

Para cumplir este compromiso, la SEPI obligó al astillero público Izar a comprar munición para el Ejército de Tierra fabricada por SBB. Esta intermediación tuvo un coste financiero para Izar de 1,4 millones, que al final tuvo que pagar la SEPI.

La venta de SBB se plasmó en tres documentos; el contrato de compraventa firmado el 13 de abril de 2000 y dos adendas, una de la misma fecha y otra de 14 de julio de 2003, que "incorporaron compromisos no pactados inicialmente y modificaron las cuantías de otras obligaciones establecidas en el contrato privado".

La segunda adenda sirvió para concretar el coste del Plan Corrector, dirigido a adaptar las plantas de la ENSB a la normativa sobre protección mediambiental y explosivos, que se cifró en 47,40 millones de euros.

"La asunción de nuevos compromisos por parte de SEPI con posterioridad a la elección del comprador ha podido afectar a la eficacia y objetividad del proceso selectivo", advierte el informe.

Retrasos y compromisos

El Tribunal de Cuentas subraya que la auditoría de la Intervención General del Estado se hizo cuatro años después de formalizarse la venta y que, en junio del año pasado, aún se estaban ejecutando algunos de los compromisos más importantes de los contratantes. En concreto, aprecia "significativos retrasos" en algunos compromisos adquiridos por General Dynamics, como aportar pedidos por valor 82,9 millones de euros en cuatro años o inversiones por 60 millones.

Curiosamente, la aprobación del informe de fiscalización, el pasado 25 enero, ha venido seguida por la difusión de una carta en la que, según General Dynamics, la SEPI "considera cumplidos todos los requisitos establecidos en la privatización de Santa Bárbara"; entre los que cita inversiones superiores a 86,3 millones de euros y aportación de negocio por 103 millones de dólares.