La Junta cree "ilegal" el cierre de Delphi en Puerto Real y anula una ayuda de 8 millones

El anuncio de la multinacional Delphi de que va a echar el cierre a su fábrica de Puerto Real (Cádiz) es, sobre todo, un mazazo para sus 1.600 trabajadores. Pero también un grave revés para la Junta de Andalucía, que llevaba a gala haber evitado en los últimos años los problemas de deslocalización industrial que han sufrido otras comunidades. De ahí que ayer se manifestara con dureza sobre la decisión de Delphi. "El cierre es absolutamente ilegal", sostuvo el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. La Junta ha decidido suspender el pago de una ayuda de 8,3 millones ya concedida a la compañía.

Delphi no ha sido ajena al respaldo de dinero público destinado por la Junta a mitigar crisis industriales (Santana, Astilleros) o captar nuevos proyectos (EADS, Airbus). El líder mundial en componentes de automóviles recibió 62 millones en ayudas de la Junta a la fábrica cuyo cierre anunció el jueves. "Vamos a emplear todos los procedimientos para que Delphi no se ría de Andalucía ni del dinero público andaluz", indicó el consejero de la Presidencia.

Por lo pronto, la Junta anunció ayer la suspensión del pago pendiente de 8,3 millones a la empresa como incentivos públicos. La subvención engloba dos expedientes: una primera ayuda de 4,18 millones, vinculada a un programa de promoción industrial, que fue concedida en diciembre de 2003 pero no se ejecutó porque la empresa solicitó ampliar el plazo de vigencia. En esta resolución "se obliga" a la empresa, según la Junta, a mantener los 1.600 empleos. La segunda, de 4,13 millones, se concedió el año pasado para respaldar un plan de la empresa que garantizaba la viabilidad de la planta hasta 2010.

Ese acuerdo es uno de los asideros de la Junta. "Delphi ha incumplido un compromiso y estudiaremos qué actuaciones legales se pueden llevar a cabo", dijo Zarrías. El otro es el trámite obligado al que debe someterse cualquier rescisión masiva de contratos: la presentación de un expediente de regulación de empleo y un plan social. La Consejería de Empleo, que aún no ha recibido ninguna notificación del cierre por parte de la empresa, convocará a la dirección de Delphi y a los representantes sindicales para intentar forzar una marcha atrás.

La multinacional estadounidense atraviesa por una delicada situación financiera que le llevó a suspender pagos en 2005. Para rebajar costes, negocia la venta de la división de direcciones y transmisiones a la que pertenece la planta de Puerto Real, que quedó fuera del proceso: Delphi se escuda en bajar su rentabilidad y argumenta que la fábrica acumuló 150 millones de pérdidas en cinco años.

Los sindicatos reclamaron a administraciones y partidos políticos una respuesta "contundente y unida" a la crisis, en palabras del secretario provincial de CC OO, Manuel Ruiz, quien admitió que a la Junta le queda "un margen muy estrecho" para impedir el cierre.

La implicación del Gobierno fue la primera exigencia de una comisión de 13 municipios de la bahía de Cádiz, creada ayer. "La Administración del Estado es el interlocutor más apropiado para tratar con los norteamericanos", adujo el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU). Los ministros de Industria, Joan Clos, y Trabajo, Jesús Caldera, recogieron el guante. "Hay bases para minimizar los daños", dijo Clos, mientras que Caldera anunció que los dos ministerios constituirán un grupo de trabajo para que ningún empleado de Delphi "quede abandonado a su suerte".