EU lleva al Fiscal General del Estado la alteración del censo en Castellón

La diputada en el Congreso de los Diputados por Esquerra Unida-L'Entesa, Isaura Navarro, presentó ayer una petición al Fiscal General del Estado para que actúe y se investiguen todos los municipios de la provincia de Castellón "donde haya la más mínima sospecha de que ha habido manipulación fraudulenta de los censos electorales por parte del PP". Navarro precisa que "después de comprobar que en los municipios de Argelita y Cabanes han sido dirigentes, familiares y cargos públicos, todos ellos del PP, los que han empadronado de manera irregular a terceras personas, mayores de edad, en domicilios de su propiedad, se demuestra que no se trata de casos aislados".

La diputada recordó el hecho de "que los concejales del PP de Argelita apunten directamente a la dirección provincial del PP como responsable e inductor de esta actuación delictiva, ata todos los hilos que pudieran estar sueltos, pues quien parece estar detrás de toda la manipulación ilegal de los censos es Carlos Fabra".

Y añadió: "Estamos ante un caso de extrema gravedad, ya que el PP está atacando directamente, por la vía golpista, los pilares fundamentales de juego democrático al intentar, por medio de ilegalidades, hacerse con el poder en contra de la voluntad popular". Un argumento que sustentó con los hechos conocidos al respecto: "Tenemos demasiados datos que apuntan hacia una trama organizada, donde el caso del alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, y el de Argelita pueden ser sólo los primeros en salir a la luz pública". Además, añadió, que "la falta de reacción de la dirección y el silencio sepulcral del PP provincial al respecto es una prueba más de cómo no se trata de hechos locales, sino extensibles a muchos otros lugares".

"Trama organizada"

En su escrito al Fiscal del Estado, Navarro informa de que "en la provincia de Castellón se vienen incrementado las sospechas fundadas sobre una trama organizada desde la dirección provincial del PP de manipular los censos electorales de pequeñas localidades con la intención de variar los resultados en las próximas elecciones municipales, asegurándose así el control de pueblos estratégicos en albergar proyectos urbanísticos polémicos o aferrar de esta manera el control de la Diputación de Castellón". La diputada añade que "se dan aumentos altamente sospechosos en los padrones municipales, orquestados siempre por gente directamente relacionada con el PP".

Por esta razón, Navarro pide la intervención de la Fiscalía General del Estado "para investigar todos aquellos censos sospechosos de haber sido manipulados en la demarcación provincial de Castellón, teniendo en cuenta que estas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito", ya que, añade, la intervención de los denunciados, en su condición de alcaldes y concejales, "podría constituir un delito de prevaricación y de cooperación necesaria por haber permitido y obviado sus obligaciones de comprobar la residencia en la población de los nuevos empadronados".