El folio y medio que paró la 'VIU'

Justo Nieto estaba el martes a tres informes de pasar el trámite del Consejo de Coordinación Universitaria y de conservar de esa manera alguna posibilidad de que la universidad virtual, el proyecto estrella de su etapa de consejero, fuera aprobada por las Cortes valencianas en esta legislatura.

El martes, cuando el maratón de comisiones hubo concluido, después de acaloradas discusiones, el equipo que Nieto había enviado a Madrid era perfectamente consciente de que la oportunidad se había esfumado: Uno de los informes, de apenas folio y medio, sobre el impacto de la Universidad Internacional en el sistema académico valenciano fue considerado excesivamente inconsistente como para ser aceptado.

Los rectores españoles consideraron el documento un simple ejercicio retórico

La gente de Nieto sabía lo que eso significaba: Por mucho que corrieran los plazos se habían agotado. Tendrían que esperar a que en la agenda de Miguel Ángel Quintanilla, el secretario de Estado de Universidades e Investigación, apareciera un nuevo hueco y el Consejo pudiera volver a ser convocado. Eso podría requerir pocas o muchas semanas. Tendrían que volver a presentar el informe y esperar que el organismo emitiera por fin su dictamen. Favorable o desfavorable. A esas alturas del juego, la verdad, les importaba bastante poco.

Nieto se negó a admitirlo la tarde del martes. Y también al día siguiente, durante el debate que mantuvo con la oposición en el Parlamento valenciano. Lo cierto, sin embargo, es que la VIU (siglas en inglés de Universidad Internacional Valenciana) había embarrancado.

Se trataba de la segunda vez que ocurría en el mismo escenario. En otoño, el borrador de informe elaborado por los expertos del Consejo de Coordinación Universitaria (que reúne al Gobierno, a las comunidades autónomas) advertía a la delegación valenciana de que su proyecto era "innecesario" e "inoportuno". Pero aquello no pasaba de ser una opinión, o una constatación, que no resultaba vinculante. Los expertos advertían también, y eso era más serio, que en la memoria adjuntada a la solicitud faltaba documentación básica, sin la cual el dictamen no sólo sería desfavorable. Probablemente resultaría imposible de emitir.

Hace justo siete días faltaban por llegar tres informes. Nieto hizo llegar a tiempo el que acreditaba la sede física de la VIU; el que acreditaba la constitución de la fundación que debía dirigirla y, justo al inicio de la comisión mixta, el relativo al impacto en el sistema universitario valenciano.

Debido a su extensión, exactamente un folio y medio, los miembros de la comisión no tardaron en comprobar que el último era una chapuza.

La consejería explicaba los efectos positivos de la VIU en dos párrafos. Un galimatías que en su punto de máxima concreción afirmaba: "Resulta evidente además que dicha universidad reportará, en general, beneficios al propio sistema valenciano de universidades. Dada su naturaleza incluso mayores, si cabe, que los que han podido reportar en las últimas décadas las universidades que se han ido creando en España dentro del conjunto del Sistema Universitario español".

Venían luego los posibles efectos negativos. Sólo aquí, al principio de la explicación, podía encontrarse algo más que puro ejercicio retórico: "[Los efectos negativos] quedarían claramente limitados a la competencia por la captación de estudiantes, en un escenario de disminución en el conjunto de la Comunitat, y a la distribución de los recursos económicos aportados por la administración valenciana a las distintas universidades".

El informe recogía a continuación datos sobre población del Instituto Nacional de Estadística. De un lado, el número de personas entre 15 y 25 años; del otro, el número de personas entre 25 y 60 años. Una referencia a que se aspiraba a captar sobre todo estudiantes del segundo grupo; y otra al deseo de captarlos en el resto del mundo.

La consejería reproducía luego un artículo de la nueva ley de coordinación del sistema valenciano. Decía que se preveía que "una parte de la financiación" fuera privada y que los precios se aproximarían "mucho" al coste real de la enseñanza. Eso era todo.

La información fue considerada insuficiente por la práctica totalidad de los rectores españoles reunidos en el Consejo que pidieron un nuevo informe. Su resistencia y la presión ejercida sobre el secretario de Estado Miguel Ángel Quintanilla para que cambiara su abstención inicial por una postura definida, llevó al Gobierno a considerar necesario que las discrepancias entre las comisiones académicas y políticas se solucionaran en una nueva reunión.