Los municipios del área de Barcelona unifican criterios para adjudicar pisos sociales

Un consorcio fijará los años de empadronamiento y las condiciones para optar a una vivienda

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda tratará de unificar los criterios de adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO), en especial los años que se exigen de residencia para su acceso, con la creación del Consorcio Metropolitano de la Vivienda. Fuentes del Gobierno catalán indican que este órgano se constituirá el mes próximo y estará integrado por los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona. La Generalitat, a través del consorcio, pretende acordar los años de empadronamiento que los consistorios exigen a los demandantes de pisos, que van de 2 a 12 años.

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Los años de empadronamiento que exigen los municipios para obtener un piso público favorecen el acceso de los residentes de toda la vida, pero perjudican la movilidad de los ciudadanos y dificultan el acceso de los inmigrantes, como vienen denunciando varias cooperativas de vivienda y ONG. Barcelona es la ciudad que menos obstáculos pone, al pedir dos años de empadronamiento para participar en el sorteo de un piso de alquiler y cinco si éste es de compra.

El problema de la capital catalana es que tiene poco suelo para crecer y, por ello, para construir pisos públicos. Como quedó patente en el sorteo de viviendas realizado la semana pasada, hay una demanda de más de 50.000 personas, muy difícil de cubrir. Si alguna de ellas decide probar suerte en otra localidad cercana no lo tendrá fácil. En Sant Cugat, por ejemplo, le pedirán 10 años de empadronamiento.

El departamento que encabeza el ecosocialista Francesc Baltasar tratará de resolver ahora este problema a través del Consorcio Metropolitano de la Vivienda, cuya finalidad será trazar una política común para la promoción de pisos sociales. Entre sus objetivos está el de unificar los criterios de residencia que los ayuntamientos añaden a los que fija la Generalitat (ingresos mínimos y máximos, por ejemplo).

El anterior Gobierno tripartito ya lo intentó unificar en el primer borrador de la Ley del Derecho a la Vivienda. En su artículo 94 establecía que los ayuntamientos "podrán reservarse hasta un máximo del 80% de las viviendas para personas empadronadas en el municipio donde se ubique la promoción", es decir, tenían la obligación de reservar el 20% a ciudadanos de otra procedencia. Y añadía: "En cualquier caso, la antigüedad mínima de empadronamiento que pueda exigirse no podrá superar los dos años".

La redacción voló por los aires tras presentarse ante los municipios. El articulado que la semana próxima tomará en consideración el Parlament fija que el Plan Territorial Sectorial de Vivienda podrá definir los topes para empadronados. Además, señala que el máximo de tiempo para empadronados será de "tres años" en el caso de pisos de alquiler. Nada dice de los de compra. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, aseguró que estas diferencias tratarán de corregirse en el seno del nuevo consorcio, que se reunirá "en cuestión de semanas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 22 de febrero de 2007.