La inspección fiscal a Jauregi se conocerá más de seis meses después de las elecciones

La Diputación de Guipúzcoa asegura que tardará entre nueve y doce meses en averiguar si el candidato del PNV a diputado general, Jon Jauregi, ha ocultado a la Hacienda dos de las cinco viviendas de su propiedad. El portavoz foral, Koldo Azkoitia, calculó ayer que el resultado la inspección fiscal solicitada voluntariamente por Jauregi no se conocerá así hasta más de seis meses después de las elecciones forales de mayo. Negó que la Hacienda foral haya filtrado los datos fiscales del dirigente peneuvista, por lo que no ha abierto ninguna investigación interna.

Azkoitia se aferró en todo momento a la "confidencialidad" de los datos fiscales de todos los contribuyentes guipuzcoanos para evitar pronunciarse sobre el caso Jauregi. Aseguró que el Consejo de Diputados no trató el pasado martes este asunto porque no es de su ámbito de actuación. La Cadena SER informó el pasado lunes que el candidato designado por el PNV para presidir la Diputación guipuzcoana no declaró a Hacienda dos de las cinco viviendas de su patrimonio, una ubicado en la localidad vascofrancesa de Ciboure y otra en Jaca (Huesca). Además, la emisora aseguró que Jauregi, miembro de la Ejecutiva guipuzcoana y hombre de confianza de Joseba Egibar, trabajó para las empresas DBS y Urbialde. Esta última, según la SER, tiene pendientes promociones inmobiliarias sobre las que debe pronunciarse la Diputación.

El portavoz foral abordó ayer este asunto después de que la víspera el diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, eludiera referirse al mismo con un lacónico "sin comentarios". Azkoitia explicó que cuando una persona pide someterse a una inspección fiscal -el propio Jauregi reconoció que en diciembre solicitó a la Hacienda que revisara su situación fiscal ante los rumores que circulaban- la investigación se activa en los tres meses siguientes a la petición. Añadió que el procedimiento está en curso, aunque apostilló que los expedientes de inspección no se resuelven hasta transcurridos entre nueve o doce meses. Durante este periodo "se examina toda la documentación" que aporta el afectado y se contrasta con la que posee la Hacienda.

Con los plazos establecidos en la norma foral General Tributaria, que regula las inspecciones fiscales de los contribuyentes, la Diputación no conocerá si Jauregi está al corriente de sus obligaciones fiscales hasta, al menos, seis meses después de las próximas elecciones forales y municipales del 27 de mayo. Se puede dar la circunstancia de que, si el PNV mantiene a Jauregi como aspirante a diputado general de Guipúzcoa y este partido gana los comicios, como apuntan todos los sondeos, la resolución de su expediente se podría producir estando el propio Jauregi al frente de la Diputación.

Ajena a la filtración

La Diputación también aseguró que es ajena a las informaciones aparecidas sobre el candidato peneuvista. Azkoitia manifestó que no le consta que las filtraciones de datos confidenciales sobre Jauregi hayan partido de la Hacienda foral, pese a que la SER dio a conocer los ingresos -60.000 euros brutos- que figuran en su última declaración fiscal, referida al año 2005. No quiso "prejuzgar" las fuentes de dichas informaciones, pero insistió en que "la Hacienda guipuzcoana no tiene constancia de que haya habido filtración de datos oficiales bajo secreto de declaración tributaria" de ningún contribuyente, por lo que no ha abierto ninguna investigación interna.

El PP y Aralar han solicitado la comparecencia del diputado para la Fiscalidad, Juan José Mujika, para que aclare el origen de la filtración de la declaración de Hacienda de Jauregi. La popular Regina Otaola consideró "preocupante" que hayan salido a la luz pública "datos protegidos por la ley sin su consentimiento". Por ello, han pedido que Mujika explique el origen de la posible filtración. Rebeka Ubera, de Aralar, fue más allá y sostuvo que "en este caso está claro que alguien de la propia Diputación ha filtrado los datos".

El PSE salió ayer al paso de unas manifestaciones realizadas por el presidente del GBB, Joseba Egibar, en las que acusaba a los socialistas de estar detrás de la filtración y de poner en marcha "una campaña de desprestigio y desgaste" del candidato peneuvista. Egibar culpó al PSE, al grupo Prisa (editor de EL PAÍS y propietario de la SER) y a "familias del PNV" de haber filtrado las afirmaciones, lo que fue desmentido posteriormente por la dirección socialista de Guipúzcoa.