Guerra de palabras

Uno de los reportajes más famosos en la historia del periodismo durante la Segunda República fue el realizado por Ramón J. Sender sobre la matanza de anarquistas en Casas Viejas para el diario La Libertad. El valor de la serie de artículos no se ve alterado, pero su significación política sí, al tener en cuenta que el periódico republicano era a la sazón propiedad de Juan March, y que por consiguiente resultaba de la máxima utilidad servirse del suceso para atizar un fuego en el cual ardiese el Gobierno presidido por Manuel Azaña. Otro tanto sucedía con el diario izquierdista La Tierra, en cuyas páginas colaboraban anarcosindicalistas y comunistas cargando un día tras otro contra el régimen, debidamente subvencionados por la derecha monárquica para tan santa labor. Los ejemplos pueden multiplicarse, y no sólo en la década de los años treinta. Aún están frescos los casos del afectuoso tratamiento dado por la prensa conservadora a Julio Anguita, un hombre de bien en la izquierda por cuanto impedía toda alianza electoral con el PSOE, o, en el campo opuesto, y ya en fecha muy reciente, las facilidades otorgadas al primer mediocre que se muestre dispuesto a embestir contra todo aquel que se atreva a ejercer la crítica del Gobierno.

La comprensión de la prensa, especialmente en tiempos revueltos como el actual, requiere algo más que una lectura atenta y el consiguiente análisis de contenido sobre editoriales y artículos de opinión. Hay que mirar al otro lado del espejo, para saber qué imágenes de la realidad ofrece por sí mismo ese espejo, y con frecuencia para evitar que tomemos las deformaciones por representaciones veraces. Cierto que demasiadas veces la tarea se torna imposible, bien por acumulación de obstáculos, bien por escasez de datos. Así, resulta difícil entender por qué, si nos atenemos a la identidad de sus defensores, la OPA de Gas Natural sobre Endesa era progresista, y en cambio la resistencia de los eléctricos, retrógrada. Desde que se ha consolidado, es un decir, el Estado de las autonomías, quedan en la sombra las razones de determinadas tomas de posición en éste o aquel diario sobre asuntos que las conciernen. Al margen de los alineamientos políticos, cabe sospechar que los recursos a disposición de las comunidades autónomas pueden intervenir, lo mismo que sucede a escala internacional con el oro de Arabia Saudí, pero no hay periodismo de investigación que sea capaz de hincarle el diente a semejante materia. Pensemos en el escándalo cuidadosamente tapado de la recalificación de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, con la consecuencia de unos monstruos sobre el perfil urbano de la capital que deberían ser llamados para la posteridad Torre Beckham, Torre Ronaldo, o cosa parecida, con otros tantos ceros sobre sus últimos pisos que tendrían la función de dejar huella indeleble del total fracaso deportivo registrado en el mandato de Florentino Pérez. Por cierto, la absoluta nulidad del financiero en su gestión deportiva del equipo blanco, ocupado como estaba en la venta de camisetas, pasó prácticamente desapercibida para los grandes medios. Para entenderlo, los estudiantes de periodismo tienen que acudir a la lectura de Quevedo, y en particular a su "Poderoso caballero es don dinero...".

En una palabra, la línea política y económica de periódicos, radios y televisiones en España requiere, para ser entendida, un esclarecimiento que se nos escapa acerca de las redes de intereses políticos y económicos que modulan el contenido de la información. Eso sí, hay casos en que lamentablemente todo es tan claro como inexplicable: pensemos en el papel del vértice de la Iglesia católica a la hora de movilizar las conciencias contra el Gobierno y no sólo contra su laicismo, vía Cope y empresas asociadas. Pero es la excepción que confirma, por demasiado visible, una regla de opacidad.

Para quien observa el fenómeno desde el exterior en España, estando no obstante en condiciones de apreciar sus manifestaciones más significativas, lo que Umberto Eco llamó un día "la estructura latente" de la información, se presenta como la articulación de un trabajo profesional bien realizado de cientos de periodistas que recopilan, ordenan y transmiten los datos de la información, y, por encima del mismo, un entramado piramidal que interviene sobre el resultado de la labor anteriormente descrita para conferir al producto el sesgo ideológico deseado. Tanto en la prensa, como en la radio o en la TV, por los resultados puede intuirse la presencia de una trama de técnicos de la comunicación, a quie

-nes no sería impropio calificar de comisarios políticos, encargados de encontrar un titular que disminuya el impacto de una noticia adversa, resalte un día tras otro un mensaje que a pesar de ser falso debe quedar grabado en la cabeza de los lectores -tal es la regla de oro en las campañas de intoxicación sobre el 11-M y la pista etarra-, o eche tierra sobre una noticia incómoda. Es lo que en una vieja canción del mejor de los grupos revolucionarios chilenos, los Quilapayún, era expresado aludiendo al trato dado a la noticia de la muerte de un trabajador: "Se destina cuarta plana, letra chica, y a un rincón". Un examen cuidadoso de la prensa madrileña para los últimos meses nos permitiría comprobar hasta qué punto es alcanzado un virtuosismo en la presentación de la noticia que hace que el mismo suceso pueda sugerir de inmediato interpretaciones opuestas entre sí, desde los titulares a las notas en apariencia más inocuas, pasando por la jerarquía establecida en primera plana entre temas en apariencia dispares, como pueden ser el procesamiento de un político en Euskadi y un asunto de corrupción. El deber de la polémica impone su ley.

Nada tiene de extraño que semejante clima afecte a los artículos de opinión y no sólo reflejen esa deriva maniquea, sino que jueguen con excesiva frecuencia el papel de amplificadores. Ciertamente, cabe registrar importantes diferencias entre uno y otro sector de opinión. Lo que representan las opiniones vertidas en Libertad Digital y en general por los medios de la Cope no tiene contrapartida en el área gubernamental. La voluntad pertinaz de descalificar brutalmente y destruir la imagen del adversario les singulariza en este poco grato escenario. De ahí el acierto de quienes se han negado a compartir la recepción pública de un premio con alguien cuyo discurso desborda día a día los confines de la opinión democrática. Pero la tendencia a la exageración sí es un denominador común. En estas mismas páginas, tras un canto a las excelencias del procedimiento mediante el cual fuera adoptado el Estatuto catalán, olvidando como era de esperar que el bajo porcentaje de votantes registrado hubiera invalidado el referéndum en otros países democráticos, se proclama por un excelente constitucionalista que un rechazo de fondo a dicho Estatut por el Tribunal Constitucional supondría nada menos que un "golpe de Estado". Como si la democracia consistiera en alcanzar una solución favorable a determinados fines, y no en un procedimiento para alcanzar soluciones dentro de un marco jurídico previamente fijado, con independencia de que nos satisfagan o no, e incluso de que sus consecuencias políticas resulten o no beneficiosas. La inconstitucionalidad de capítulos importantes del Estatuto catalán supondría sin duda un problema muy grave: nada tiene que ver con la regularidad del proceso político mediante el cual fue alcanzado el texto hoy vigente. La advertencia sería aplicable a la totalidad de temas de actualidad en los cuales, desde la inculpación de un político al caso De Juana Chaos al acatamiento a las decisiones de los jueces, viene seguido inmediatamente de su descalificación en el caso de que aquéllas disgusten al emisor de la opinión, con excesiva frecuencia un político de relieve. Las idas y venidas en torno al llamado "proceso de paz" no han hecho sino llevar este problema hasta una situación límite.

Ahora bien, ante este estado de cosas, la existencia de un denominador común en muchos comportamientos no debe sugerir la equidistancia. La comparación entre las dos grandes manifestaciones contra el terrorismo basta para comprobar hasta qué punto la iniciativa de la agresividad pertenece a la oposición conservadora. No estamos en una coyuntura parecida a la del 36 bajo ningún concepto, pero el hecho de esgrimir un bosque de banderas nacionales contra el presidente del Gobierno, bajo el patrocinio del Partido Popular, es ya en el plano simbólico un hecho de extrema gravedad. Casi nada, empero, si se confirma la tendencia registrada en la prensa filopopular durante esta fase preliminar del juicio del 11-M. El más pesimista no podía imaginar los esfuerzos desplegados desde el primer momento para sugerir que la instrucción fue un fracaso técnico, llegando hasta el punto de refrendar la validez de las respuestas de los acusados, saludando sus protestas de inocencia y destacando en titulares lo bien que resisten a la presión de los interrogatorios, sin dejar nunca de insistir sobre el tópico de que la citada instrucción está plagada de lagunas. Los voceros del islamismo radical deben estar agradecidos a unos líderes de opinión que parecen empeñados en exculpar por todos los medios a Al Qaeda de lo sucedido el 11-M.

Sólo que en sus réplicas el Gobierno parece muy satisfecho con semejante exasperación, fruto de la deriva extremista que cobra fuerza en el partido de Rajoy (¿de Rajoy?). Nada justifica en la vida económica y social de España semejante oleaje de superficie, que en muchas de sus formas de expresión viene a decirnos que siguen vivos los odios de una guerra muy lejana en el tiempo. Toca, pues, a José Luis Rodríguez Zapatero y a su Gobierno, incluido el nuevo ministro de Justicia, tomar la iniciativa para que ese estúpido incendio del resentimiento no siga propagándose. En términos futbolísticos, jugando al fuera de juego y evitando ir una y otra vez al choque.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.