Interrogatorios

Los interrogatorios a presos en Guantánamo por miembros de la policía, del cuerpo diplomático y de los servicios de inteligencia españoles plantean, para empezar, una doble cuestión moral y política. Al aceptar la condición impuesta por Estados Unidos de que se trataba de misiones de información, y no de protección consular, el entonces Gobierno de Aznar se convirtió en cómplice de una de las mayores desvergüenzas de la política antiterrorista de Bush, aunque Washington aún la considere legal y un tribunal de apelación haya avalado ayer esta tesis, no según el derecho internacional, sino de acuerdo con los poderes especiales otorgados al presidente y comandante en jefe.

Al rebatir en 2005 la sentencia de la Audiencia Nacional contra el ceutí Abderrahman Hamed, el Tribunal Supremo consideró, en un perfecto resumen de la situación, que cuando éste fue "entrevistado" en Guantánamo "estaba privado de libertad, sin previa información de derechos, sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la autoridad judicial española competente".

Hay aún demasiados puntos oscuros. Día a día van surgiendo nuevos detalles: el número de visitas, sus modalidades, la presencia del CNI. Es necesario aclararlo. Por ello es una necesidad urgente la puesta en pie de una comisión de investigación, que ayer pidieron en el Congreso Izquierda Unida y Esquerra Republicana, y por la que este periódico ya abogó días atrás. Sorprende que nadie haya asumido responsabilidades políticas por lo ocurrido, y que el jefe de la policía de entonces disfrute sin más de su condición de eurodiputado.

Junto a la dimensión moral y política, hay otra jurídica y penal. Bien es verdad que si el Supremo hubiera visto indicios de delito, tendría que haberlos denunciado. Pero debe investigarse a fondo si el Estado ejerció o no -aunque consiguiera repatriarlo- su deber nacional de protección consular al menos al español detenido en Guantánamo, y si el equipo que llevó a cabo los interrogatorios y sus superiores que los ordenaron no incurrieron en violaciones de las Convenciones de Ginebra sobre derechos de prisioneros de guerra. Que EE UU no los considere como tales no exime a España de hacerlo.

Esos interrogatorios empezaron en fechas difíciles, en marzo de 2002, cuando EE UU, y buena parte del mundo, había perdido la cabeza tras los atentados del 11-S, estaba en sus inicios la guerra de Afganistán y primaban la búsqueda de información y la cooperación en este campo para evitar otros ataques de terroristas radicales islámicos. Pero la razón de Estado no puede quebrar la razón democrática. Lo sabemos muy bien en España por lo ocurrido con los GAL. Además, desde el punto de vista de los resultados, Guantánamo, Abu Ghraib y otros horrores y humillaciones han hecho engrosar este terrorismo.