La Generalitat sólo ha adjudicado el 9,3% de los pisos sociales a inmigrantes desde 2004

Los números rompen los mitos acerca del acceso de los inmigrantes a la vivienda de protección oficial (VPO). Según el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, sólo el 9,3% de las 4.687 viviendas adjudicadas por el Gobierno catalán en los últimos tres años han ido a parar a este colectivo, que representa el 14% de la población. Los datos coinciden con los de las cooperativas sindicales, que cifran entre el 5% y el 10% el volumen de extranjeros que acceden a sus pisos. Los años de empadronamiento que piden los ayuntamientos impiden que sean más los beneficiarios.

Los inmigrantes no son los principales beneficiarios de la VPO, a pesar de que los sindicatos coinciden en que están acogidos a los convenios colectivos con menor retribución y, por lo tanto, sus rentas son más bajas que las del resto de los ciudadanos. La evolución de su acceso a la vivienda pública ha sido bastante dispar en los últimos tres años y, en ocasiones, inferior a su peso demográfico.

De los 1.441 pisos adjudicados por la empresa pública Adigsa en 2004, el 8,7% fueron a parar a inmigrantes con los papeles en regla. En ese año, suponían el 6,7% de la población catalana, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, en 2005, cuando la cifra de extranjeros con tarjeta de residencia aumentó hasta el 8,6% tras el proceso de regularización del Gobierno central, las adjudicaciones de VPO cayeron hasta el 4,2%.

Suben las adjudicaciones

El año pasado las concesiones a ciudadanos extracomunitarios repuntaron hasta alcanzar el 16,3%, cuando éstos suponían el 9% de la población. Las estimaciones del Gobierno central se basan en los extranjeros con tarjeta de residencia y dejan fuera a los que viven en Cataluña sin el permiso, que es una condición para acceder a la VPO. No obstante, los datos de los padrones indican que el 14% de la población catalana es de origen extranjero.

La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, desmintió que las Administraciones favorezcan a los inmigrantes y recordó que "las adjudicaciones se realizan por sorteo". Lo mismo explicó una portavoz del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que aseguró no disponer de datos porque no se les pregunta por su nacionalidad si cumplen los requisitos para participar en estos procesos.

El bombo explica, en parte, el acceso desigual durante los tres últimos años. Pero las cooperativas sindicales señalan que la proporción que registran es similar. Un portavoz de la cooperativa Entorn, de Comisiones Obreras, estimó que los inmigrantes suponen el 5% de los receptores de pisos que se han adjudicado en los últimos cuatro años. La proporción es superior en el caso de Qualitat, de UGT. Su gerente, Pedro Parra, asegura que entre el 10% y el 12% de los que participan en los sorteos son imigrantes. "Depende de las promociones. En las más asequibles acude un porcentaje similar al que hay en la localidad, mientras que en Barcelona, que son más caras, apenas se presentan", asegura.

Tras los sorteos, asegura Parra, el volumen de inmigrantes cae por dos razones. La primera la dicta la suerte. O toca o no toca. Y la segunda, muchos se dan cuenta de que no pueden enfrentarse al pago de la hipoteca. "Las cajas cubren hasta el 80% del valor de la vivienda pública, lo que implica tener ya unos ahorros. Y no siempre disponen de este dinero", explica.

Los sindicatos recuerdan que prácticamente todos los inmigrantes extracomunitarios podrían acceder a viviendas con algún tipo de protección si sólo fuera por el salario (el tope para la VPO es de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y de 6,5 veces para la concertada). A pesar de que no hay datos sobre la diferencia de sueldos entre la población catalana y la inmigrada, los sindicatos recuerdan que ésta suele acogerse a los convenios con menor retribución. Un informe publicado por la Fundación Bofill llega a la misma conclusión y cifra la discriminación salarial en cerca del 20% menos.

Una portavoz de SOS Racismo, con la que coinciden los promotores consultados, explica que el principal obstáculo lo contituyen las exigencias de los ayuntamientos, que piden una media de entre cinco y siete años de residencia en el municipio para acceder a la VPO. En algunos casos, se ha llegado a dar prioridad a los demandantes que más tiempo lleven en la localidad, un requisito que la Generalitat pretende corregir.