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Reportaje:

Los Merinos contra todos

Una promotora y dos asociaciones han interpuesto una treintena de querellas contra los vecinos que critican un proyecto

Javier Martín-Arroyo

"Hay dos formas de aterrizar en una comarca. Generando el consenso o querellándote contra todo el que te critica", expone con crudeza Ignacio Trillo, delegado de Medio Ambiente en Málaga. La promotora del controvertido proyecto Los Merinos en Ronda, Promociones Club de Campo y Golf de Ronda, SL, se decantó por la última opción desde que hace meses arreciaron las críticas contra la transformación de esta privilegiada finca.

El complejo incluirá 800 chalés, dos hoteles y dos campos de golf en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, protegida por la Unesco, e incumple su declaración de impacto ambiental, según los técnicos de la Junta. La Consejería de Obras Públicas ha solicitado a un juzgado la suspensión cautelar de las obras, iniciadas en otoño, porque estima que "el daño producido" en las 800 hectáreas de terreno podría ser irreversible.

Pero las críticas más contundentes contra el proyecto provienen de vecinos que estiman que el ecosistema de la zona está en peligro. La promotora y dos asociaciones afines han lanzado contra ellos una treintena de querellas y denuncias. En las últimas semanas, la mayoría de las críticas en la serranía de Ronda no tienen apellido. Son anónimas y los protagonistas miden sus palabras con extrema precaución, para evitar ser señalados y comparecer ante el juez. Otros no se arredran: "Van comprando voluntades y el que no se deja comprar lo acribillan a querellas. Yo ya llevo seis. Están desbocados. Nos investigan y saben más de nosotros que nosotros mismos", expone Juan Terroba, de Ecologistas en Acción, tres de cuyas denuncias ya han sido archivadas.

Los responsables de la promotora alegan que las críticas minan la imagen de un proyecto con una inversión de cien millones de euros. "No somos una oficina de litigios, sino una promotora, pero hicimos lo que debíamos hacer", responde Juan Rueda, gerente de Los Merinos.

La querella más llamativa fue interpuesta por la empresa del grupo inversor JM Legión Española 1, SL, contra tres extranjeros, entre ellos Alastair Boyd, de 79 años, padrastro del célebre escritor británico Martin Amis, y a los que reclama daños por 22 millones. Boyd está acusado de injurias, calumnias, amenazas, coacciones y falsedad documental por frases como ésta: "La plaga de edificios en áreas forestales y protegidas está amenazando el interés a largo plazo de la región". Rueda justifica la boyante cifra exigida porque las críticas coincidieron con la visita de uno de sus accionistas, "y los compradores cancelaron ciertas operaciones creando un perjuicio a la promotora". La empresa también ha denunciado a tres técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento, a los que acusa de haber manipulado el trazado del sendero internacional GR-7 para que atraviese la finca.

La alcaldesa de Cuevas del Becerro, Isabel Rosado, ha sido denunciada por falsedad documental y prevaricación. "Su táctica es difama que algo queda", se queja.

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Polémica estrategia

El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara (PA), aprobó el proyecto de urbanización del complejo y en su defensa se ha enfrentado a la Junta, a la que acusa de primar criterios políticos por encima de los técnicos. Sin embargo, su discrepancia sobre la campaña de querellas es patente. "Se están equivocando de táctica y hay que calmar el carro. Aunque van a por todas, deberían parar esto porque el enfrentamiento no beneficia a nadie", apunta.

La manifestación celebrada a las puertas de la finca en noviembre contó con 700 personas, y medio centenar fue denunciado y sancionado por la Guardia Civil con 300 euros de multa por alteración del orden público.

Los padres de Alejandro Moreno, presidente de Ecologistas en Acción Silvema, se quedaron de piedra cuando al día siguiente recibieron la citación judicial para su hijo, que ha acreditado que ese domingo guiaba a un grupo de ancianos en su visita al Museo Picasso de Málaga. "Es una situación predemocrática bochornosa y que traspasa cualquier falta de ética. Son comportamientos ruines, aunque deben estar muy nerviosos porque la sombra de la paralización planea sobre su obra", censura Moreno, al que la promotora denunció asimismo esa mañana "por invasión de la propiedad privada con un bulto sospechoso".

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, se comprometió ante los denunciados a estudiar la actuación de los agentes con lupa.

Las voces críticas recuerdan que la empresa fue multada por el consistorio con 260.000 euros por la tala ilegal de 1.300 encinas en 2003, sanción aún pendiente de ser abonada al estar recurrida.

Los vigilantes impidieron al inspector de obras municipal Francisco Moreno el paso a la finca tras una alarma de fuego, y éste denunció a Los Merinos por "obstaculización a la labor inspectora". Ahora se enfrenta a cinco querellas en los juzgados, y el alcalde le ha destituido de sus funciones tras 23 años como agente sin haberle presentado la argumentación estipulada.

Mientras, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá próximamente si admite una petición para estudiar la legalidad del proyecto, pero su vicepresidente y eurodiputado británico Michael Cashman ya expresó su rechazo ante las presiones: "El hecho de que individuos sean encausados por el mero hecho de mostrar su oposición contra tales proyectos es completamente inaceptable. España debe reaccionar".

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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