Igualdad a cámara lenta

La Ley de Igualdad, que el lehendakari Ibarretxe defendió personalmente en el Parlamento y definió como el hito más importante de su carrera política, cumple hoy dos años de existencia. Sin embargo, el balance de su aplicación en este tiempo apenas muestra resultados, más allá de las listas paritarias estrenadas en las últimas elecciones autonómicas. Los partidos de la oposición y los agentes sociales expresan un juicio sumamente crítico, pese a la defensa que de la gestión del Gobierno en esta materia hace Emakunde y los grupos del tripartito. La lentitud e insuficiencia del desarrollo de los principales aspectos previstos en la ley, y la escasa incidencia de ésta en la realidad social son las críticas más compartidas.

No se ha dado ningún paso para crear el fondo previsto para el impago de pensiones en casos de separación y divorcio

La Ley de Igualdad cumple hoy dos años de su aprobación por el Parlamento vasco con una amplia mayoría. La obligatoriedad de listas electorales paritarias alumbró, dos meses después, un Parlamento con una mayoría de mujeres y el Gobierno se constituyó con un 40% de presencia femenina. Pero este lucido despegue de la ley no parece que se haya visto seguido, según la mayoría de las opiniones pulsadas, de un reflejo igualmente efectivo en la realidad social. Ni tampoco de un desarrollo ágil de las previsiones de desarrollo de la norma, que el Gobierno debe realizar mediante reglamentos, decretos o acuerdos.

"Esta carencia no es algo privativo de esta ley", resalta la parlamentaria socialista, Gemma Zabaleta, cuyo grupo apoyó el texto aprobado el 18 de febrero de 2005 y que fue celebrado por el lehendakari como el hito más importante de su carrera política y de todo el siglo. "Es que este Gobierno no desarrolla la legislación que lleva al Parlamento. Las leyes se aprueban y ahí se quedan muchas cosas", acusa Zabaleta.

Realizar un balance exhaustivo del desarrollo de la ley resulta difícil por falta información precisa. La incluida en un estudio Emakunde se refieren al último semestre de 2005, es decir, sólo unos meses después de aprobarse la norma. Por tanto, sólo pueden servir como foto fija de la situación de partida a su entrada en vigor y punto de comparación para futuras mediciones. La siguiente evaluación de los efectos de la ley está prevista hasta 2008 y en 2010 se realizará una tercera. Sólo después se elaborará una primera revisión quinquenal. Tampoco los grupos parlamentarios de la oposición tienen realizado un seguimiento preciso.

A falta de datos, la impresión más generalmente extendida es la descrita: los efectos de la ley sobre la realidad han sido escasos y ni la rapidez ni la eficacia caracterizan su puesta en marcha.

El PP y EHAK exponen también valoraciones críticas. La popular Laura Garrido, cuyo partido votó contra la ley, realiza un balance negativo sin paliativos: "Hay muchas previsiones no cumplidas y las que lo han sido, han llegado tarde", afirma. La abertzale Ane Auzmendi, que se abstuvo en la votación de 2005, considera ahora que su aplicación depende demasiado de la voluntad de los poderes públicos. Auzmendi ejemplifica con el diferente comportamiento del Ayuntamiento de San Sebastián, forzando a las sociedades a la admisión de mujeres en la Tamborrada, y los de Irún y Hondarribia, permitiendo su exclusión de los alardes. Otro ejemplo: las tres diputaciones tienen planes de igualdad, pero sólo la de Vizcaya le dedica presupuesto.

De estas opiniones negativas discrepa el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, que realiza un balance positivo y considera que "se han abordado las cuestiones básicas" y que "es mucho lo que se está haciendo". Su directora, Izaskun Moyua, destaca logros "significativos" como la ya citada presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Parlamento y en el Consejo de Gobierno, el poder sancionador en materia de publicidad o la creación de la Red vasca de Municipios por la Igualdad y la Defensoría que dirige Maite Erro.

El desarrollo de la ley que se ha realizado hasta ahora está más relacionado con la creación de estructuras que con aspectos que tocan de verdad la realidad social. Por destacar una de sus previsiones más importantes -y, ésta sí, con efectos prácticos el día que se ponga en marcha-, no hay ningún avance para la constitución de un fondo para responder al impago de pensiones en casos de separación y divorcio. Éste será trabajo de la prevista Comisión Interinstitucional, lo que hace prever una ardua discusión entre Gobierno, diputaciones y ayuntamientos sobre la aportación económica de cada administración. El Gobierno no ha regulado hasta enero la constitución y funcionamiento de esa comisión y de la Comisión Interdepartamental, encargada de la coordinación interna en el Ejecutivo.

Los departamentos del Gobierno no cuentan aún con las obligadas unidades de igualdad, y tampoco los presupuestos de los dos ejercicios últimos han cuantificado el dinero empleado en políticas de igualdad, como reclama la ley. "Que no exista el conocimiento del dinero no significa que no se esté empleando. Es difícil contabilizar lo que se gasta en políticas transversales", justificó Moyua en su última comparecencia parlamentaria.

El IV Plan de Igualdad, que debía aprobarse seis meses después de la ley, llegó al Parlamento en noviembre de 2006, con más de un año de retraso. Y el Ejecutivo ha necesitado dos años enteros para aprobar, el martes pasado, las directrices para realizar los preceptivos informes de impacto de género de los proyectos de ley. Debido a ello, todas las normas enviadas y aprobadas en el Parlamento han llegado sin ese informe, para el que no había pautas. Tampoco han bastado estos dos años para que el Gobierno cree el Consejo Vasco para la Igualdad, órgano de encuentro con el movimiento asociativo.