El PP reacciona contra los detenidos en Gondomar dos días después de su captura

El Partido Popular cambió ayer radicalmente de actitud en relación con sus dos ediles detenidos en Gondomar acusados del cobro ilegal de comisiones. Aunque el pasado jueves los principales dirigentes populares consideraban injustificada la adopción de medidas contra ellos, el PP decidió ayer marcar distancias y abrir expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas y emplazarles a entregar sus actas de concejal en el ayuntamiento. La Fiscalía, sobre cuyas intenciones sembró dudas el PP, replicó ayer que le es "absolutamente indiferente" la ideología de los imputados.

La Fiscalía subrayó ayer que es un magistrado quien dirige las investigaciones

El PP relacionó su decisión de expedientar y suspender de militancia al único concejal detenido que tiene carné popular con la decisión de la juez encargada del caso de imputarle cargos. A través de un comunicado, los populares explicaron que, en opinión de su Comité de Derechos y Garantías, la conducta de Alejandro Gómez Garrido puede "ser constitutiva de una infracción muy grave de acuerdo los Estatutos nacionales del partido".

Poco después, y por el mismo medio, el PP exigió a Gómez Garrido y a su otro concejal, el independiente José Luis Mosquera, la renuncia a sus respectivas actas de concejal. Los populares fundamentan su petición en lo dispuesto por el Código Ético del partido, aunque en repetidas ocasiones su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esta norma no es de aplicación a los militantes que no hayan sido condenados por sentencia firme de los tribunales de justicia.

Al mismo tiempo, el alcalde de Gondomar, el también popular, Carlos Silva, decidió destituir a los dos detenidos de sus cargos en el grupo de gobierno municipal, en el que se ocupaban de urbanismo, hacienda y cultura, además de la portavocía, informa Paula González.

La posición del PP, adoptada en coordinación con los órganos nacionales del partido, contrasta con la que el jueves defendieron sus principales dirigentes, entre ellos el secretario general, Alfonso Rueda, quien aseguró entonces que el partido no disponía de información suficiente para adoptar ninguna decisión sobre los dos ediles.

El presidente del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, aseguró ayer que con la suspensión de militancia el partido ha tomado la iniciativa ante estas "presuntas acusaciones". El cambio de actitud del partido, explicó, se debe a que ayer no disponían de ningún tipo de información y hoy, gracias a la que han facilitado los medios de comunicación, han decidido actuar en función de esas presuntas, y repitió presuntas, acusaciones, informa Lara Varela. "El PP ha actuado desde el primer momento", sentenció.

La que no permaneció ayer indiferente a las críticas del PP fue la Fiscalía. A través un comunicado, el fiscal José Ramón Piñol aseguró que el Ministerio Fiscal no sólo cumple con sus funciones "en el marco de la más absoluta imparcialidad" si no que "le es absolutamente indiferente la adscripción ideológica, o partidista, de aquellas personas que puedan verse involucradas en los procesos penales".

Conviene dejar claro, precisa el comunicado de la Fiscalía, que "nada de lo que se ha pretendido atribuir a una acción sospechosa del Ministerio Público se ha realizado de modo autónomo sino que es parte de una investigación bajo la dirección y ejecución del correspondiente magistrado titular del juzgado de instrucción".

La reacción de la Fiscalía tiene su origen en las declaraciones de los dirigentes del PP, que desde el mismo momento en que se produjeron las detenciones optaron por sembrar dudas en torno a sus intenciones. Lo hizo Rueda, al señalar que "hay demasiadas actuaciones de los fiscales contra cargos públicos del PP" y lo reafirmó Feijóo, "según el cual hay algunos que no están actuando con el rigor que merece el Estado de derecho". Feijóo pidió a los fiscales que actúen "con rigor y no por ordenes de sus superiores, si no son estrictamente judiciales". En la misma dirección abundó ayer el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, según el cual la actuación de la Fiscalía "deja mucho que desear".