Los expertos rechazan una moratoria y exigen un urbanismo menos salvaje

En los últimos diez años, la demanda pero también la huida de capitales de sectores tradicionales hacia la construcción o la necesidad de ingresos de los ayuntamientos han provocado un "desorden territorial". Un grupo de expertos académicos defendió ayer en Alicante que se empieza a percibir un cambio en la tendencia. Los estudiosos coincidieron, sin embargo, en rechazar una moratoria urbanística por el perjuicio que tendría sobre una economía en la que la construcción tiene tanto peso. Compromís pel Territori protestará de nuevo en la calle contra la política urbanística.

El catedrático de Geografía de la Universitat de València Joan Romero, el profesor de la Factultad de Economía de la misma universidad Josep Sorribes, y Fernando Vera, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante fueron tres de los expertos que reflexionaron sobre Economía, Construcción y Territorio en la segunda Jornada d'Economia Valenciana Ernest Lluch celebrada en Alicante. Los tres expertos coincidieron, entre otras cuestiones, en rechazar una moratoria urbanística por las consecuencias que esta decisión podría suponer en una economía donde la actividad constructora tiene un gran peso. La solución pasa, en opinión de Joan Romero, por profundizar en una "cultura sobre el territorio diferente". Un cambio en la forma de afrontar una actividad que ha vivido un "rápido crecimiento", defendió Josep Sorribes y que precisa de un nuevo modelo que sea menos costoso para la sociedad que el que se ha desarrollado en la última década.

Los tres expertos insistieron también en la idea de dar un cambio de rumbo al modelo actual. Fernando Vera, por su parte, apostó por "afrontar una reordenación de los distintos destinos turísticos consolidados" e insistió en la necesidad de desvincular el desarrollo turístico con la promoción de viviendas.

Romero advierte que en los foros académicos perciben un cambio que puede ser "positivo para el territorio". Un nuevo escenario en el que destaca la contribución de los movimientos ciudadanos que protestan ante la voracidad de las actuaciones urbanísticas, y el papel de los medios de comunicación de los jueces. Romero puso como ejemplo el Plan Rabassa y el caso Parcent, en los que la presión vecinal y las decisiones judiciales han sido claves.

Compromís pel Territori, que agrupa a un centenar de colectivos, retomará las movilizaciones para exigir "que se pare el actual proceso de degradación del territorio y sus recursos" y se escuche "la voz de la ciudadanía" de cara a las próximas elecciones. Para ello, Compromís ha convocado manifestaciones simultáneas en Valencia, Alicante y Castellón el 21 de abril. La plataforma recordó ayer que elaboró sus propias bases para una nueva política urbanística que exigirían una moratoria de dos años para proyectos fuera de ordenación y una nueva legislación.